Una jueza tucumana integrará el cuerpo técnico que reformará la situación jurídica de los animales en el Código Civil de la Nación

El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso la creación de la "Comisión para la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de Régimen jurídico de los animales", una estructura plural e interdisciplinaria orientada a adecuar la normativa nacional a los consensos sociales y a la jurisprudencia reciente. Dentro del esquema de especialistas convocados para redactar la propuesta legislativa destaca la presencia de la jueza tucumana Marcela Fabiana Ruiz, presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común y en Documentos y Locaciones I del Centro Judicial Capital de Tucumán y titular de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM). La jurista representará la mirada federal de las magistraturas provinciales en la elaboración de un marco legal que contemple los derechos de los seres sintientes y resuelva la vacancia normativa actual.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 548/2026, firmada formalmente por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. En sus fundamentos, la norma señala que luego de más de un decenio de la sanción del Código Civil y Comercial, se identificaron temáticas esenciales que "no recibieron tratamiento expreso en el texto sancionado y que hoy exigen una respuesta legislativa, en razón de la evolución de la práctica social, de la jurisprudencia y del derecho comparado".

Actualmente, el ordenamiento jurídico argentino encuadra a los animales bajo la figura de cosas muebles semovientes dentro del artículo 227 de la norma de fondo, calificación que, según señala la resolución, "se aparta de la evolución reciente del derecho comparado", citando los precedentes legislativos adoptados en el Reino de España, la República Francesa, la República Portuguesa y la provincia de Quebec en Canadá. En el plano local, se recuerdan pronunciamientos donde la justicia reconoció a determinados ejemplares como "sujetos de derecho", entre ellos el caso de la orangutana "Sandra" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la chimpancé "Cecilia" en Mendoza, fallos que carecen aún de una consolidación legislativa de alcance general.

Asimismo, el documento ministerial fundamenta la urgencia del debate al advertir sobre la "fragilidad de los avances exclusivamente jurisprudenciales ante la ausencia de una reforma legislativa", trayendo a colación la Sentencia SU-016/2020 de la Corte Constitucional de la República de Colombia sobre el oso de anteojos "Chucho", fallo que revirtió antecedentes previos de reconocimiento de derechos para calificar al animal únicamente como objeto de especial protección.

En el ámbito cotidiano, el texto firmado por Mahiques enfatiza que la "incorporación de los animales al núcleo familiar constituye hoy una realidad social ampliamente extendida, en tanto en un número creciente de hogares conviven personas humanas con animales de compañía con los que se mantiene un vínculo afectivo asimilable al familiar". Por este motivo, el Ministerio de Justicia consideró imprescindible normar sobre el fenómeno de la "familia multiespecie", regulando específicamente el cuidado de las mascotas en situaciones de "ruptura de la convivencia matrimonial o de la unión convivencial", problemática que genera una creciente litigiosidad en los tribunales de familia del país.

La comisión tendrá a su cargo redactar un anteproyecto de ley que garantice la "coherencia sistemática y técnico-legislativa" con el resto del articulado del Código. La coordinación general fue encomendada a Martín Cardone, director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de CABA, quien desempeñará la función con carácter ad honorem.

El cuerpo técnico estará integrado, además de la magistrada tucumana, por las juezas Andrea Beatriz Tormena (Río Negro) y Maite Herrán (La Matanza, Buenos Aires). La nómina se completa con los funcionarios de la cartera nacional Pamela Viviana Kazmirczuk y María del Carmen Yaconis; la especialista académica Edith María de las Victorias González Silvano (docente a cargo de Derecho Animal en la UBA); los abogados Sergio Rubén Moragues (El Campito Refugio) y Lorena Laprebende (Asociación de Abogados de San Martín); las referentes sociales Norma Macchi y María Florencia Antonelli (Callejero Casa Quiere), y Clara María Correa junto a Martín Esteban Scotto (Pájaros Caídos); la abogada María José Domínguez Edreira; Claudio Nicolás Saúl por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y la JUFEJUS; y María Victoria Ordóñez por el Ministerio Público Fiscal de la CABA.

Todos los miembros ejercerán sus funciones sin percibir remuneración adicional. Las tareas se desarrollarán mediante reuniones técnicas y deliberativas, y el anteproyecto final con sus correspondientes fundamentos deberá ser entregado a la Secretaría de Justicia dentro de un plazo máximo de "45 días corridos" a contar desde su sesión inaugural, con posibilidad de prórroga por un período idéntico.