
Un fallo judicial resolvió la condena a dos años de prisión en suspenso para Víctor Hugo Arroyo, un expolicía federal imputado por la ocupación ilegal de una parcela estatal de casi cuatrocientos cincuenta metros cuadrados ubicada en El Cadillal. El proceso penal se desató cuando personal técnico del Ente Tucumán Turismo y de la Dirección General de Catastro detectaron la anomalía en un espacio que ya figuraba concesionado a una firma privada para el desarrollo de un complejo turístico.
Ante las irregularidades advertidas la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, impulsó las acciones de restitución y formalizó la denuncia penal que derivó en la intervención del fiscal Carlos Saltor. Pese a que el acusado alegó derechos hereditarios sobre el lote y la cancelación de tasas locales, el juez Guillermo Taylor cuestionó el cobro de tributos comunales sobre tierras de la provincia, derivando el caso a un debate oral donde el juez Guido Buldurini fijó la pena condicional, el pago de costas y la prohibición absoluta de acercamiento.
La resolución sienta un antecedente clave en una zona afectada históricamente por desórdenes inmobiliarios donde el gobierno impulsó un plan de regularización dominial. Los cómputos oficiales indican que de mil trescientos ocupantes iniciados apenas el diez por ciento completó los trámites de manera correcta, mientras que la mayoría de las gestiones restantes quedaron bajo sospecha por presuntos actos de corrupción vinculados a antiguos agentes de la Subsecretaría de Regularización Dominial.
Para frenar las irregularidades las autoridades conformaron un equipo técnico con especialistas de Turismo, Catastro, Flora y Fauna y Recursos Hídricos dedicado a monitorear el patrimonio provincial. Este despliegue ya permitió concretar la recuperación de áreas clave en El Mollar, Tafí del Valle, San Javier, Yerba Buena y la Reserva Natural La Angostura, donde avanza el tramo final de la causa por el denominado Loteo Gaucho Castro.