Solo el 1,5% de las empresas tucumanas enfrentó juicios laborales y la administración pública lideró la litigiosidad

La litigiosidad laboral en Tucumán muestra un comportamiento particular en medio de las transformaciones legales impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Con la puesta en vigencia de la Ley Nº 27.802 de Modernización Laboral, que busca reducir la judicialización y dotar de previsibilidad al sistema, la provincia experimentó una tendencia a la baja en la cantidad de nuevos procesos. Según los últimos datos actualizados este año de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), a los que accedió Tendencia de Noticias, entre enero y septiembre de 2025 se notificaron 264 juicios laborales en nuestra jurisdicción, lo que representa una disminución del 9% respecto al mismo período del año anterior. Este escenario local contrasta con la dinámica nacional, donde la incertidumbre y el stock de casos pendientes mantienen la presión sobre el sistema judicial.

Del universo total de juicios registrados en la provincia hasta el tercer trimestre de 2025, el peso de la demanda recayó mayoritariamente sobre el sector privado, aunque con una incidencia porcentual llamativa en el sector público. En términos absolutos, 199 demandas se dirigieron contra empresas privadas, mientras que 65 fueron efectuadas contra organismos públicos o sociedades del Estado. Sin embargo, al analizar la densidad de la litigiosidad, los datos revelan que solo el 1,5% de las 10.435 entidades empleadoras aseguradas en Tucumán tuvo juicios. El sector de la Administración Pública, defensa y seguridad social se posicionó como el área con mayor conflictividad relativa, ya que el 22,2% de sus entidades enfrentó procesos judiciales.

En el ámbito de las unidades productivas privadas, el tamaño de la nómina resultó determinante: el 27,9% de las empresas con más de 100 trabajadores registró demandas, frente a apenas un 0,1% en aquellas con un solo empleado. Por actividad económica, además de la administración pública, la agricultura y ganadería (63 casos) y la industria manufacturera (42 casos) fueron los sectores con mayor volumen de expedientes.

En cuanto a los motivos de los reclamos, los accidentes de trabajo lideraron la estadística con 167 casos, seguidos por 57 accidentes in itinere (es aquel que sufre un trabajador durante el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo, o viceversa, considerándose accidente laboral a efectos legales) y 38 enfermedades profesionales. Un dato relevante para el sistema es que el 66,3% de los juicios presentados reclamaron algún grado de incapacidad.

Respecto a las aseguradoras, la Caja Popular de Ahorros (63 juicios), Galeno ART (57) y Prevención ART (41) concentraron la mayor cantidad de notificaciones en el período analizado. En materia de resolución, desde 2010 hasta el año pasado, se dictaron 353 sentencias en la provincia de un total de 1.250 expedientes acumulados, de dichas sentencias, 259 correspondieron a la primera instancia.

Contexto nacional y la nueva calculadora del BCRA

El panorama tucumano se inscribe en un contexto nacional de alta tensión. Argentina cerró el 2025 con un récord histórico de 134.000 demandas por riesgos del trabajo, una cifra que el sector califica de paradójica dado que los accidentes mortales cayeron un 80% en las últimas décadas. La litigiosidad local en 2025 fue un 2200% superior a la de Chile y un 1500% mayor a la de España, evidenciando un desvío sistémico que la reforma laboral de Milei pretende corregir.

Para operativizar los cambios de la nueva ley, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó recientemente una calculadora digital que determina los intereses en juicios laborales pendientes. Según el artículo 55 de la reforma, los créditos laborales se actualizarán mediante la tasa pasiva oficial del BCRA. Esta herramienta aplica un tope máximo basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual, y un piso mínimo equivalente al 67% de ese cálculo. Con esta medida, el Gobierno busca transparentar los montos de las indemnizaciones y evitar la proliferación de pericias que, según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), suelen inflar los costos del sistema.