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El gobierno de Perú estableció la vigencia de un nuevo estado de emergencia que regirá durante un plazo de 60 días en los distritos de Pisco y San Andrés ubicados en la región costera de Ica al sur de Lima como parte de una estrategia general para enfrentar los índices de criminalidad mediante la intervención conjunta de los agentes de la Policía Nacional y los efectivos de las Fuerzas Armadas.
La disposición gubernamental determina la suspensión temporal de 4 derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad de reunión de los ciudadanos estableciendo además que cualquier evento que implique una concentración masiva de personas deberá tramitar una autorización previa ante las autoridades competentes para poder desarrollarse legalmente dentro de los territorios afectados.
Estas nuevas normativas se suman al estado de excepción que ya rige en las jurisdicciones de Lima y Callao extendiéndose también hacia diferentes provincias ubicadas en las regiones de Tumbes y La Libertad donde los uniformados ejecutan múltiples operativos de seguridad destinados a desarticular las redes delictivas y prevenir la ocurrencia de otros hechos vinculados a la violencia urbana.
El plan de seguridad oficial contempla la realización de controles dentro de los establecimientos penitenciarios con participación militar en las tareas de vigilancia incluyendo la aplicación de pruebas de polígrafo al personal de custodia junto al desmantelamiento de antenas y la instalación de sistemas de bloqueo de señales electrónicas para impedir las comunicaciones de las organizaciones ilegales desde las cárceles.