La UNT sufrió una caída real del 28% en la asignación presupuestaria por estudiante, la más baja en 20 años

La ejecución presupuestaria por estudiante en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sufrió una retracción real del 28,3% entre 2023 y 2026, posicionando el financiamiento por alumno en los registros más bajos de las últimas dos décadas, según reveló un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Este retroceso en la principal casa de altos estudios del Noroeste Argentino se inserta en una prolongada crisis del sistema universitario nacional, desencadenada por el congelamiento de partidas frente a la inflación y el deterioro salarial del personal docente y no docente. En este marco de tirantez institucional, la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla una asignación de $283.614 millones para la UNT, aunque el monto global destinado al conjunto de las universidades públicas resulta sensiblemente inferior a los reclamos formulados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar la operatividad del sistema.

El diagnóstico elaborado por ACIJ, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, sobre la base de datos oficiales del sitio Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía expone que el monto ejecutado por estudiante en la UNT pasó de $3,51 millones en 2023 a $2,52 millones en 2026 (valores expresados a precios de septiembre de 2026), acumulando una pérdida real del 28,3%. Asimismo, la ejecución presupuestaria total transferida a la universidad tucumana dentro del Programa 26 ("Desarrollo de la Educación Superior") experimentó un ajuste del 27,4% en términos reales durante el período enero-septiembre, contrayéndose de $278.000 millones a $201.000 millones. Con una matrícula de 79.953 estudiantes de pregrado y grado registrada en 2024, la UNT se posicionó en el puesto 37° entre 57 universidades nacionales en cuanto a la magnitud de la caída total de recursos y en el lugar 42° entre 56 instituciones en la reducción del presupuesto por alumno. A escala nacional, la retracción presupuestaria alcanzó una mediana del 30,8% por estudiante, afectando a la totalidad de las casas de estudio comparables y ubicando la inversión general por alumno en $2,32 millones, la cifra más reducida desde 2004.

El origen de este escenario crítico se remonta al inicio de 2024, cuando la administración central resolvió prorrogar el presupuesto del ejercicio 2023 en un contexto marcado por una inflación anual previa del 211%. La falta de actualización determinó que para marzo de 2024 las instituciones de educación superior reportaran una reducción real del 72% en sus gastos de funcionamiento, afectando el sostenimiento de servicios básicos e investigación, dado que el 90% de los fondos se destina al pago de haberes y el 10% restante a la operatividad edilicia y prestacional. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, las remuneraciones de los trabajadores docentes y no docentes registraron una erosión de su poder adquisitivo cercana al 32%, ubicando los sueldos en sus niveles más bajos de los últimos 23 años. Esta situación motivó masivas movilizaciones federales y el impulso de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso de la Nación para establecer pautas obligatorias de reajuste por inflación.

Frente a las demandas del sector, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2027 enviado por el Poder Ejecutivo fija un crédito total consolidado de $7,349 billones para el Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior. De ese monto, la Universidad Nacional de Tucumán tiene prevista una partida de $283.613,58 millones, lo que consolida a la casa de altos estudios como la sexta institución con mayor asignación de recursos en el país y la primera en las regiones del NOA y del Norte Grande. La cifra representa un incremento nominal del 33,4% en relación con los $212.671,33 millones presupuestados para 2026.

En cuanto a la distribución funcional de las partidas proyectadas para la UNT en 2027, el texto oficial destina $283.049,54 millones a la función Educación y Cultura —enfocada en los sueldos del personal y el funcionamiento de las facultades y escuelas experimentales—, $331,52 millones a la función Ciencia, Tecnología e Innovación, y $232,50 millones al área de Salud. No obstante, las sumas globales contempladas en el proyecto oficial difieren de la propuesta aprobada por el plenario del CIN, donde los rectores solicitaron un presupuesto base de $11 billones para gastos operativos esenciales y salarios, más $7,086 billones para investigación, infraestructura y becas. De este modo, la partida propuesta por el Gobierno nacional alcanza a cubrir el 66,8% del piso mínimo calculado por las autoridades universitarias, en un contexto marcado además por presentaciones judiciales impulsadas por la falta de aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y el reclamo persistente por la actualización salarial y de becas.