
Un médico fue imputado este miércoles por presuntamente haber defraudado al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST-Subsidio de Salud), mediante la carga de consultas médicas ficticias en el sistema informático de la entidad. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por Diego López Ávila.
Durante una audiencia de formalización de la investigación y formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal acusó al profesional de cometer el delito de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública. Por tratarse de una etapa inicial del proceso, la identidad del imputado no fue difundida.
La causa se inició a partir de la denuncia de un afiliado que advirtió irregularidades en su historial de consumos prestacionales en la obra social estatal. Según la teoría del caso, el médico habría accedido al sistema del IPSST para registrar consultas que nunca fueron realizadas y luego solicitar el cobro de esas prestaciones.

Cuatro maniobras durante 2024
De acuerdo con la acusación presentada por el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, las maniobras se habrían concretado en cuatro oportunidades durante 2024: el 3 de febrero, el 9 de marzo, el 13 de abril y el 11 de mayo.
En cada una de esas fechas, el profesional cargó consultas médicas a nombre del denunciante y gestionó su cobro ante el Subsidio de Salud. Sin embargo, la investigación determinó que el afiliado nunca fue atendido por ese médico ni autorizó el uso de sus datos.
Para la Fiscalía, la maniobra provocó un doble perjuicio. Por un lado, el IPSST efectuó pagos indebidos por prestaciones inexistentes. Por otro, el afiliado quedó registrado como si hubiera agotado parte de su cobertura, lo que le impidió acceder a nuevas consultas dentro de su cartilla y lo obligó a afrontar gastos particulares para recibir atención médica.
El Ministerio Público Fiscal solicitó que el imputado quede sujeto a medidas de coerción de menor intensidad, consistentes en reglas de conducta, con el objetivo de asegurar su sometimiento al proceso y evitar interferencias en la producción de pruebas, especialmente las vinculadas con la evidencia informática.
Tras escuchar a las partes, la jueza interviniente hizo lugar parcialmente al pedido fiscal y dispuso que el médico cumpla con esas medidas durante un plazo de tres meses, mientras continúa la investigación penal preparatoria.