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Jorge Anaya González y Nicolás Vargas permanecerán durante los próximos 45 días en arresto domiciliario luego de que se difundieran fotos presuntamente de ellos portando armas de grueso calibre. Ambos quedaron imputados por el delito de desobediencia judicial y portación ilegal de arma de guerra, en el marco de la causa que investiga un tiroteo que ambos protagonizaron con Facundo Ale en septiembre del año pasado, en una fiesta electrónica.
Los acusados, que fueron detenidos el 24 de septiembre, recién serán trasladados a su domicilio cuando cumplan con la presentación de una caución de $3,5 millones cada uno. Hasta el 10 de noviembre permanecerán en sus domicilios: Anaya González en la zona de los monoblocks de avenida Roca al 2.600 y Vargas en Lomas de Tafí. Deberán utilizar tobillera electrónica.
La acusación que pesa sobre ellos es la de haber violado los términos que se les impusieron para esperar en libertad el juicio en el que deberán responder por la balacera que protagonizaron junto a Facundo Ale. Entre otras condiciones, debían abstenerse de acercarse a él o perturbarlo por cualquier vía, personal, telefónica o virtual. Su contrincante sí quedó bajo arresto domiciliario. Este enfrentamiento se encuadra en la histórica rivalidad entre los Ale y los Gardelitos.
Facundo Ale, en calidad de víctima, reclamó que los acusados atacan a su entorno de manera constante. “Ellos están amenazando a los testigos, que son amigos míos, Valentín Villarreal (es el alias de Juan Nicolás Vargas) entró a las redes sociales el mismo día que declaró Isaías Osorio, un testigo presencial del momento donde ellos me han querido matar el año pasado. El día de mi cumpleaños, el 18 de abril, pasó Jorge Anaya González por la puerta de mi casa, el día del cumpleaños de mi hija, que estaban un montón de invitados, un montón de criaturas invitadas”, cuestionó.

“Después, en un boliche en la Siria le pegaron a los testigos presenciales del momento donde ellos me fueron a matar a mí el año pasado, fue el señor Valentín Villarreal, sobre eso también se presentó denuncia. Y en 2024 soy víctima de cuando me han pegado tres tiros a mí Jorge González y (Javier) ‘Chucky’ Casanova”, remarcó, en referencia a un ataque que sufrió en la zona de la Ciudadela. Se grabaron como la mejor película de narcotraficantes que son, iba caminando yo de espalda y vino una camioneta y se grabaron ellos cuando (me) pegaron tres tiros con una ametralladora”, agregó. Los imputados se abstuvieron de declarar.
Según detalló la auxiliar fiscal Jimena Castro, entre febrero y septiembre de este año, los acusados enviaron a allegados de Ale fotos de ellos mismos exhibiendo armas de fuego, con el fin de amedrentarlo. Esas armas podrían ser de guerra, de acuerdo a la consulta que se realizó con Miguel Delgado, perito en criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
De acuerdo a la opinión de Delgado, las armas podrían ser un fusil AR-15 calibre .223 o 7.62 (equivalente al FAL) y una pistola Glock 17 calibre 9 milímetros. El especialista explicó que se trata sólo de una orientación, puesto que la hizo sobre la observación de las fotografías.
Ese punto fue clave para el cuestionamiento que hizo la defensa, ejercida por Facundo Herrera. El abogado se opuso a que sus clientes quedaran imputados por portación de arma de guerra porque, aseguró, el armamento no fue hallado en ninguno de los allanamientos (fueron nueve) y no se puede saber si lo que se ve en las fotos es Inteligencia Artificial, armas de juguete, objetos impresos en 3D o armas reales.
El tema de las armas fue determinante para que el juez Sebastián Noriela Parache decidiera no dictar prisión preventiva sino domiciliaria. El magistrado entendió que las fotos y la opinión orientativa del perito ameritaban abrir una investigación y formular cargos. Sin embargo, no alcanzaba para llegar a un grado de verosimilitud suficiente para dictar la medida más dura, que es la preventiva.

En caso de que no se lograra probar que las armas son reales y que además fueron expuestas en un lugar público, la acusación podría caer y eso sólo dejaría en pie el cargo por desobediencia judicial, cuya pena es excarcelable, agregó. Y, cuando un delito prevé una pena que se puede cumplir en libertad, los jueces no dictan preventivas porque se daría la paradoja de que el acusado esté preso mientras se considera inocente y cuando sea declarado culpable, recupere la libertad.
De esta manera, los tres imputados en la causa por el tiroteo de la fiesta electrónica están bajo prisión domiciliaria. Sobre Ale pesa una acusación más grande y la pena pedida por la fiscalía es de seis años y medio de prisión. El hijo de Ángel “El Mono” Ale ya tiene una condena previa a un año y seis meses condicional por haber atacado a tiros la casa de una mujer miembro del clan de Los Gardelitos.