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El CRIMEN DE ÉRIKA ANTONELLA ÁLVAREZ

Felipe "El Militar" Sosa recibió otra mala noticia en la Justicia Federal

A partir de un planteo del fiscal Vehils Ruiz, la Cámara revocó un sobreseimiento y ordenó procesar al acusado del crimen por tenencia de estupefaciente.

PorTendencia de noticias
17 mar, 2026 03:51 p. m. Actualizado: 17 mar, 2026 03:51 p. m. AR
Felipe "El Militar" Sosa recibió otra mala noticia en la Justicia Federal

La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar a la apelación del fiscal Rafael Alberto Vehils Ruiz, revocó un sobreseimiento dictado en primera instancia contra Felipe "El Militar" Sosa y ordenó el procesamiento de él y de otros dos imputados en una causa por infracción a la ley de drogas. El tribunal consideró que, si bien no hay pruebas suficientes para sostener una finalidad de comercialización, la magnitud del material secuestrado impide encuadrar el caso como consumo personal o uso medicinal, y habilita -al menos en esta etapa- la figura de tenencia simple de estupefacientes.


La resolución deja sin efecto el fallo del 10 de abril de 2025, mediante el cual el Juzgado Federal N°2 había desvinculado a Felipe Sosa, Francisco Hernán Pavón y Marcos Rivera. En aquella oportunidad, el juez entendió que no existían elementos que permitieran inferir que la droga hallada estuviera destinada al comercio. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal cuestionó esa conclusión por considerarla prematura y carente de un análisis integral de la prueba.


El caso se originó en junio de 2023, cuando una inspección judicial en un domicilio de Yerba Buena -en el marco de una causa civil- derivó en el hallazgo de una plantación de cannabis y una importante infraestructura asociada al cultivo. Durante el procedimiento se secuestraron 162 plantas y plantines, junto con flores y marihuana compactada que arrojaron un peso total de 458,72 gramos, equivalente a unos 611 cigarrillos .


Los imputados contaban con autorización del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que habilita el cultivo para uso medicinal. No obstante, la Cámara advirtió que las cantidades detectadas excedían ampliamente los límites permitidos —hasta nueve plantas florecidas por persona— y que la inscripción en ese régimen no implica una presunción automática de legalidad.


En su apelación, el fiscal Vehils Ruiz sostuvo que el sobreseimiento fue “arbitrario” y que el juez de grado omitió valorar indicios relevantes, como la escala del cultivo, la tecnología empleada y la ausencia de productos medicinales elaborados. También planteó que, aun descartando la hipótesis de comercialización, correspondía analizar la conducta bajo figuras penales menos gravosas, como la tenencia simple.


La Cámara coincidió parcialmente con ese criterio. Si bien descartó -por ahora- la existencia de elementos suficientes para acreditar el dolo específico de comercialización, entendió que la cantidad de droga y el despliegue logístico superan con creces lo compatible con el consumo personal o terapéutico. En ese marco, concluyó que existe un “juicio de probabilidad” suficiente para avanzar con el procesamiento por tenencia simple, previsto en el artículo 14 de la ley 23.737.


“El sobreseimiento sólo procede cuando la inexistencia del delito o la falta de responsabilidad surge de manera clara e inequívoca, lo que no ocurre en este caso”, señalaron los jueces, al advertir que la investigación se encontraba en una etapa incipiente y aún restan medidas probatorias clave.


Además del procesamiento, el tribunal ordenó profundizar la investigación para determinar el destino de la sustancia secuestrada. Entre otras medidas, dispuso citar al médico que intervino en las inscripciones al REPROCANN, evaluar las condiciones de salud de los imputados y requerir documentación adicional al registro oficial.


Vale recordar que Felipe “el militar” Sosa se encuentra actualmente detenido en el marco de otra causa de alto impacto en Tucumán: está acusado por el crimen de Érika Antonella Álvarez. Este antecedente judicial agrega un elemento de peso al cuadro general del caso, al tratarse de un imputado que ya está bajo custodia por un delito grave, lo que podría incidir en la evaluación de su situación procesal y en las medidas cautelares que eventualmente se dispongan en esta investigación.

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