Expulsan a un cabo del Servicio Penitenciario de Tucumán tras recibir una condena firme de 8 años por robo agravado en banda

El Poder Ejecutivo de la Provincia dispuso la exoneración del Cabo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Ariel Gustavo Aráoz, luego de concluir el sumario administrativo derivado de su participación en un grave hecho delictivo. La medida, dictada mediante el Decreto N° 1.336/7 (SES) el 9 de junio de 2026 que tuvo acceso Tendencia de Noticias, convalida la sanción de expulsión solicitada por las autoridades del área de seguridad tras registrarse una condena de cumplimiento efectivo contra el agente penitenciario por un violento asalto cometido en marzo de 2023. La resolución oficial lleva las rúbricas del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa (foto inferior) y del Secretario de Estado de Seguridad, Héctor Gustavo Vizcarra.

Las actuaciones que derivaron en la expulsión del uniformado se originaron a partir del expediente N° 689/215-SG-2023. El proceso administrativo formal tuvo su puntapié con el Oficio N° 18827 del 23/05/2023 remitido por la Oficina de Gestión Audiencia (OGA) del Centro Judicial Capital, mediante el cual se comunicaba al SPP la prisión preventiva impuesta al cabo Aráoz en la causa penal caratulada "Aráoz Ariel Gustavo - Aráoz Esteban Darío s/Robo agravado en banda en grado de tentativa - víctima: Bergamin Oscar Alberto". A raíz de esta notificación judicial y de la repercusión pública del asalto que involucró a uniformados, la Dirección General del Servicio Penitenciario dio inicio al sumario que inicialmente suspendió sus plazos a la espera del debate penal.

La situación procesal de Aráoz se complicó de forma definitiva tras la resolución judicial de fondo emitida el 7 de agosto de 2024. Según consta de manera taxativa entre los considerandos del decreto del Ejecutivo: "Dispone 'condenar a Ariel Gustavo Aráoz por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de Robo triplemente agravado por ser cometido por el uso de arma de fuego cuya operatividad no pudo ser acreditada, en poblado y en banda, y por ser ejecutado por miembros integrantes de la fuerza policial y del servicio penitenciario, a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas procesales, por el hecho ocurrido el 08/03/2023'".

Con la sentencia penal firme y luego de que el agente se abstuviera de declarar en el marco de la investigación interna y dejara vencer los plazos para ejercer su descargo, la instrucción consideró totalmente acreditada la falta disciplinaria. De este modo, la Asesoría Letrada y la Dirección General del Servicio Penitenciario dictaminaron que correspondía aplicar la máxima sanción expulsiva contemplada en sus reglamentos, encuadrándolo en el artículo 20 inciso a) del Decreto N° 994/14 (SSG)-1981, el cual rige las faltas relativas a la "condena judicial por delitos comunes".

Finalmente, contando con el dictamen favorable número 669 de la Fiscalía de Estado, el Gobernador de la Provincia resolvió aplicar con todo el rigor normativo la destitución administrativa.