
El 4,04% del territorio de Tucumán pertenece a capitales extranjeros, según el Mapa de Extranjerización elaborado por el Observatorio de Tierras. Se trata de 85.500 hectáreas cuya propiedad está principalmente en capitales de origen español y belga.
Si bien el porcentaje provincial se encuentra por debajo del promedio nacional, ubicado en 4,97%, hay cuatro departamentos que superan ese número. El caso más crítico es el de Cruz Alta, con un 16,42% de sus tierras en manos extranjeras. Le siguen Burruyacu (9,02%), Río Chico (7,52%) y Famaillá (5,32%). En el otro extremo, el único departamento que posee sus tierras libres de capitales extranjeros es San Miguel de Tucumán.

El Mapa de Extranjerización surgió de una iniciativa impulsada por un conjunto de docentes e investigadores nucleados en el Programa Interdisciplinario de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias. Para elaborarlo, utilizaron información del Registro Nacional de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia, obtenida mediante una solicitud de acceso a la información pública presentada por el propio Observatorio de Tierras.
Los números nacionales de la extranjerización de tierras
A nivel nacional, 13.243.219 hectáreas pertenecen a capitales extranjeros. Según el Observatorio de Tierras, esto equivale a la extensión de Inglaterra. Aun así, los miembros del proyecto advierten que este dato no es el más relevante. “La verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando analizamos a otra escala y focalizamos la atención en las provincias y departamentos, o cuando cruzamos la información con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero”, explican.
En ese sentido, hay 36 departamentos que exceden el límite fijado por la ley, que se encuentra en un 15% para todo el territorio nacional. Sin embargo, hay cuatro casos que se ubican en una situación crítica: Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), y Molinos y San Carlos (Salta) poseen una extranjerización que supera el 50%. “Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales”, advierte el sitio oficial del observatorio.
La iniciativa libertaria y la crítica de las organizaciones sociales y ambientales
La discusión alrededor de la propiedad de las tierras argentinas cobró relevancia a partir del Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, propone modificar la regulación sobre la propiedad privada y la tenencia de tierras rurales. Uno de sus puntos más polémicos es la posibilidad de eliminar la restricción nacional del 15% del territorio para la compra de tierras por parte de extranjeros y de otorgar a las provincias la potestad de definir sus propios límites.
Además, el proyecto se enfoca en acelerar el proceso de desalojo a través de modificaciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Código Civil y Comercial de la Nación; establece más límites para el Estado en las expropiaciones; e introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego.
La iniciativa se debatirá este jueves 6 de agosto en el Senado de la Nación. Mientras el Gobierno argumenta que las reformas buscan proteger la propiedad privada y dar más seguridad a los inversores, diversas organizaciones sociales y ambientales expresaron su rechazo y afirmaron que los cambios ponen en riesgo la soberanía nacional.
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