Comienza el primer juicio penal sin participación del Ministerio Público Fiscal

Por primera vez en la historia judicial de Tucumán se celebrará un juicio penal sin participación del Ministerio Público Fiscal (MPF). Un policía será juzgado por un homicidio aún cuando la fiscalía consideró que es inocente, porque la querella continuó impulsando la acción que pasó de instancia pública a privada. 

El 12 de agosto de 2022, a las 0:40, el agente de Infantería Juan Marcelo Pérez se dirigía a cumplir una consigna en barrio Francisco I, cuando al pasar por la esquina de Coronel Zelaya y Pasaje Vera y Aragón un hombre lo llamó. El vecino le dijo que a pocos metros se estaba consumando un robo. El policía vio a cuatro jóvenes y disparó. 

Hirió en el abdomen a Gonzalo Sebastián González, que se subió en la moto de su amigo, pero cayó a las dos cuadras, fue trasladado al hospital, donde murió. Sobre ese mismo hecho, hay dos versiones. 

El MPF y la defensa, ejercida por Guillermo Villalba,coinciden en su hipótesis. Sostienen que lo que el policía vio eran dos jóvenes armados apuntando contra otros dos, que procedió de acuerdo al protocolo dando la voz de “alto, policía”. Postulan que uno de ellos hizo un disparo contra el uniformado, por lo que él respondió en legítima defensa de su vida. 

La querella, en tanto, ejercida por Facundo Herrera en representación de Zulma González, madre del joven fallecido, tiene otra visión de lo ocurrido. De acuerdo a su postura, Gonzalo y su amigo Joel Rodríguez volvían de un cumpleaños cuando se encontraron con Facundo Chávez en la esquina del hecho. Mantuvieron una discusión inicial y terminaron reconciliados, estrechándose las manos. En ese momento, comenzó a sonar la alarma vecinal y un hombre alertó al policía de que “estaban robando”. El agente, sin mediar palabra ni indagar sobre lo que estaba ocurriendo, abrió fuego y disparó siete veces contra el grupo. 

Esa madrugada, la prensa cubrió el hecho como un enfrentamiento en que un delincuente cayó abatido. Sin embargo, el fiscal Ignacio López Bustos entendió que el hecho debía investigarse como un posible homicidio. Por la noche, varios vecinos protagonizaron una protesta con quema de cubiertas, reclamando que el policía había fusilado a un joven que no estaba robando. 

Curioso derrotero judicial

Pese al impulso inicial, López Bustos, entonces titular de la Unidad Fiscal de Homicidios I desistió a los pocos días de la acusación por entender que no había pruebas para sostener que el Policía había cometido un delito y nunca le formuló cargos.

La querella reclamó que esa postura les impedía continuar con la investigación y el juez Alejandro Valeros resolvió enviar la causa al Fiscal Regional, que entendió que otro investigador debía tomar el caso. Así, Carlos Sale se hizo cargo de la pesquisa, pero pronto comenzó a transitar el mismo camino que su predecesor: sostuvo que no existían pruebas que lo ubiquen como asesino. PIDE EL ARCHIVO, LE NIEGAN, PIDE SOBRESEIMIENTO, LE RECHAZAN, VA A IMPUGNACIÓN

En esos tiempos el caso entró en una especie de limbo. A Pérez no se le formulaban cargos porque los fiscales entendían que no había pruebas; pero tampoco de los sobreseía, porque nunca se le habían formulado cargos. 

En febrero de 2024, la fiscalía a cargo de Sale volvió a presentarse y, esta vez con el respaldo de la Regional, volvió a pedir el sobreseimiento. El defensor del policía acusado acompañó el pedido. El juez Valeros aceptó y el sospechoso quedó sobreseído. 

Sin embargo, Zulma apeló. Y ganó. El sobreseimiento fue, finalmente, revocado en junio de 2024. Entonces, la querella quedó en condiciones de asumir la acción. 

El primer juicio sin fiscal

Si bien el Código Procesal Penal de Tucumán prevé que la víctima pueda continuar con la acción penal cuando el fiscal decide no hacerlo, esta será la primera vez que un caso de estas características llega a debate oral y público. 

La primera audiencia quedó convocada para el 13 de agosto y se estima que el proceso terminará el 24. El escenario será inusual: en el lugar de la fiscalía, estará sentada la madre de la víctima junto a su abogado, Facundo Herrera. Del otro lado, el acusado Pérez y su defensor. 

Será la querella la única encargada de acusar y de aportar la prueba necesaria para una condena. Ninguna de las fiscalías de homicidios (son dos en el Centro Judicial Capital) estará presente. 

La acusación que formulará la querella dice lo siguiente: "mi hijo tuvo una discusión con un chico que se llama Facundo  Chávez, que vive por esa zona. Se pusieron a conversar primeramente en  tono de discusión, y luego arreglaron el conflicto previo que tenían,  estrechándose las manos.  Mientras pasaba todo esto, un vecino de la zona alertó a un  policía que salía de su casa de nombre Juan Marcelo Perez, aduciendo  este vecino que mi hijo y su amigo “habrían estado robando”. Entonces este  policía se dirige a la intersección mencionada.  Gonzalo se quedó unos minutos parado en la esquina  conversando con Chavez, ya que se había activado una alarma vecinal, y en  eso llegó el Sr. Perez, y sin tomar otro tipo de medidas precautorias, ni indagar sobre lo que pasaba, directamente comenzó a efectuar disparos.  Fueron entre cinco y siete disparos.

Uno de esos disparos impactó directamente sobre el estómago  de mi hijo Gonzalo, quien, estando herido, caminó hacia la moto conducida  por Joel para poder retirarse ambos del lugar. Sucedido esto, Gonzalo le  avisa a Joel que le habían pegado, y este acelera la moto para retirarse por  calle Coronel Zelaya con dirección al sur, pero pasadas dos cuadras  aproximadamente los dos se caen y queda tirada la moto".  

La defensa, en tanto, se apoyará en testigos que ya declararon en la causa. Entre ellos, los dos jóvenes que parecían estar siendo asaltados ya aclararon que no se trataba de un robo, pero sí dijeron que estaban siendo amenazados con un arma. Según Villalba, los demás testigos coinciden, excepto el joven que acompañaba a la víctima en la moto. 

Durante todo el proceso  la madre de González reprochó que no se le formularan cargos al policía, para permitirle a ella presentar las pruebas en juicio. Zulma insistió, durante cuatro años, que su hijo fue fusilado y el policía que disparó estuvo protegido por el Ministerio Público Fiscal.