Amenazas en escuelas: activan protocolos en varios colegios y el Gobierno pide reforzar controles

Diferentes instituciones educativas de la provincia se vieron obligadas este jueves a activar protocolos de seguridad tras detectarse nuevas amenazas dentro de los establecimientos, algo que ya había sucedido este miércoles en dos colegios de la capital y que llevó al Gobierno a endurecer las acciones preventivas. Hechos similares ocurrieron en otros puntos del país y las autoridades investigan si se trata de un reto viral entre los adolescentes.

A través de comunicados dirigidos a las familias y a la comunidad educativa, las autoridades tucumanas confirmaron las denuncias, detallaron las medidas adoptadas y pidieron evitar la difusión de rumores que puedan generar mayor preocupación.

Uno de los episodios se registró en el Colegio Carlos Pellegrini de San Miguel de Tucumán, donde durante la mañana fue descubierta en uno de los baños una inscripción con la leyenda “Tiroteo mañana 17/4. No vengan”.

La situación obligó a las autoridades del establecimiento a activar los protocolos de seguridad, reforzar la vigilancia interna y solicitar presencia policial en el exterior del edificio. Además, se dio aviso a las autoridades correspondientes y se realizó la denuncia formal ante la Policía.

Situaciones similares se registraron también en los colegios María del Rosario, Guillermina Leston de Guzmán y Monserrat. En todos los casos, las instituciones coincidieron en la necesidad de que las familias acompañen el proceso, dialogando con los estudiantes sobre la gravedad de este tipo de mensajes y evitando la circulación de información no oficial que pueda amplificar el temor dentro de la comunidad educativa.

Preocupación oficial

Ante la reiteración de episodios de este tipo, que también se replicaron en otras provincias argentinas, el Ministerio de Educación de Tucumán difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por la gravedad de los hechos registrados en los últimos días y convocó a padres, madres y adultos responsables a acompañar a los estudiantes y reflexionar sobre las consecuencias que pueden derivarse de estas conductas.

La cartera educativa recordó además la vigencia de la Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Problemáticas Complejas, aprobada en 2025, que establece procedimientos específicos para intervenir ante situaciones de conflicto o riesgo dentro de las instituciones escolares.

En ese marco, se exhortó a directivos, docentes y personal no docente a intensificar los controles en el ingreso a los establecimientos y dentro de las instalaciones, con el objetivo de reforzar la seguridad y preservar a las escuelas como espacios seguros y pacíficos.

El comunicado también remarcó la obligación de cumplir con lo dispuesto por el Decreto N.º 772/7, firmado este miércoles por el gobernador Osvaldo Jaldo, que establece responsabilidades para las autoridades escolares y dispone la colaboración con las fuerzas policiales en casos de amenazas o situaciones que requieran intervención preventiva.

La normativa ratifica las instrucciones impartidas al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán para adoptar todas las medidas necesarias que permitan prevenir hechos de violencia, intervenir ante situaciones de riesgo y garantizar la seguridad dentro y fuera de los establecimientos educativos.

En ese marco, se dispone que las autoridades y directivos de instituciones educativas, tanto de gestión pública como privada, serán responsables de la preservación y el cuidado de los alumnos. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, podrán perder los subsidios o aportes que reciban del Estado provincial.

Asimismo, el decreto instruye al Ministerio de Educación a aplicar medidas correctivas, que incluyen la posibilidad de expulsión del sistema educativo provincial durante el presente ciclo lectivo para aquellos alumnos que incurran en conductas que pongan en riesgo el normal desarrollo de las clases.

La responsabilidad de los padres

Por otra parte, se establece que los padres, tutores y responsables legales de los menores serán responsables en sede administrativa y/o judicial por las conductas de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los daños ocasionados.

Además, se prevé que los menores involucrados en hechos de gravedad podrán ser trasladados al instituto Brochero de Benjamín Paz, previa intervención del Poder Judicial.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estas acciones buscan fortalecer la prevención y garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares, mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen de los mensajes intimidatorios detectados en los distintos establecimientos.