“Vienen por nosotros”: el duro comunicado de APRONOR sobre los cambios en la ley de semillas

La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR) encendió el debate por la política semillera al denunciar una supuesta “cartelización” del sistema y rechazar la posibilidad de que Argentina avance hacia un esquema más restrictivo como el de UPOV 91. A través de un duro comunicado, la entidad apuntó contra funcionarios del Gobierno nacional y advirtió que el foco está puesto en un diagnóstico equivocado sobre los problemas productivos del país.

Según APRONOR, desde sectores oficiales se intenta instalar que la falta de crecimiento del agro responde a la ausencia de una nueva ley de semillas. Sin embargo, la entidad lo desmiente de plano: “Claramente nuestra producción no crece por efecto de los derechos de exportación (DEX’s, retenciones, etc.), que desde hace años esquilman a nuestros productores”, sostuvo. En esa línea, cuestionó directamente al ministro Federico Sturzenegger al afirmar que “falta a la verdad” y “confunde a la opinión pública”.

El eje del conflicto gira en torno al modelo de propiedad intelectual sobre las semillas. Mientras UPOV 91 refuerza los derechos de las empresas que desarrollan genética y limita el uso propio, APRONOR defiende el esquema actual, más flexible, que permite a los productores guardar parte de su cosecha para volver a sembrar. Para la entidad, avanzar hacia un sistema más restrictivo implicaría mayores costos y pérdida de autonomía para el productor.

Como argumento, el comunicado pone como ejemplo a Brasil, donde el sector agropecuario mostró un fuerte crecimiento en la última década. “Brasil adhiere a UPOV 78 (permite el uso propio) y no tiene derechos de exportación”, remarcaron, al contrastar ese modelo con la situación argentina, marcada por las retenciones y menor competitividad.

El documento también incluye una de las acusaciones más sensibles: la posible connivencia entre funcionarios y empresas semilleras. “Es llamativo cómo funcionarios provenientes de distintos semilleros han ocupado los principales cargos del instituto que tiene que regular el área”, señala el texto, dejando entrever sospechas sobre conflictos de interés y decisiones que podrían favorecer a un grupo reducido de actores.

En el plano productivo, APRONOR marca diferencias entre cultivos. En el caso del maíz, donde los productores ya pagan por genética, cuestiona la falta de respuestas ante problemas sanitarios como el achaparramiento. En cambio, en cultivos como soja o trigo, denuncia un mayor control estatal sobre el uso de semillas: “El instituto envía cartas documento, aplica multas millonarias e intenta limitar el uso propio”, advirtió.

Con un tono de alerta, la entidad cerró el comunicado convocando a los productores a mantenerse atentos frente a posibles cambios regulatorios. "¡Sres. Productores estemos alerta, vienen por nosotros! No les alcanza con ‘Sembrá Evolución’, van por todo”, afirmó. Y concluyó con una crítica de fondo al sistema: “Al Estado, como así a algunos semilleros, poco les importa la producción: solo les importa la recaudación”.