
Tras los recientes y violentos episodios registrados en Tafí del Valle en el que participaron jugadores de un club de rugby provincial, el legislador Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán) presentó un pedido formal de informes para determinar el grado de cumplimiento de la Ley provincial N° 9489, de su autoría, la cual establece la capacitación obligatoria en prevención de violencia para instituciones y clubes. El parlamentario subrayó la necesidad de que las leyes sancionadas "no queden solo en el papel" y que el Estado brinde explicaciones sobre las políticas de prevención ante hechos de público conocimiento protagonizados por integrantes de entidades deportivas. Esta iniciativa surge en medio de la conmoción por el ataque a un joven, causa por la cual la justicia ya dictó medidas privativas de la libertad para los principales sospechosos.
En cuanto a la situación procesal de los implicados, se concretó el traslado de dos jóvenes acusados por el violento episodio hacia el complejo penitenciario de Benjamín Paz. Los detenidos permanecen alojados en la Unidad N° 6 del mencionado penal, bajo un régimen diferenciado y vigilancia permanente las 24 horas.
El pedido de informes de Berarducci hace foco en la Ley 9489, sancionada a fines de 2021 y promulgada en enero de 2022. Esta normativa establece la obligatoriedad de capacitar a todos los responsables, directivos y personal de clubes y centros deportivos en temáticas de prevención de violencia, derechos humanos, discriminación, adicciones y mediación de conflictos juveniles. Asimismo, la ley exige que las instituciones deportivas implementen medios para brindar estas capacitaciones de forma periódica a sus asociados y federados.
¿Pasos cumplimentados?
Dentro de los puntos requeridos al presidente de la Comisión de Deportes, Ricardo Bussi, Berarducci solicita precisar si se celebraron convenios de capacitación y cuáles fueron los programas efectivamente implementados hasta la fecha. El legislador también busca conocer si la ley fue debidamente comunicada a las entidades deportivas, la cantidad de profesionales afectados al dictado de los cursos y el registro de instituciones que efectivamente los recibieron. Además, se consultó sobre la existencia de protocolos de trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y el Instituto de Prevención y Lucha contra las Adicciones (IPLA).
Finalmente, el documento presentado en la Legislatura exige detalles sobre las actuaciones administrativas o denuncias registradas en el marco de la aplicación de la ley, así como las posibles sanciones aplicadas por incumplimiento. Berarducci enfatizó que es obligación del cuerpo legislativo controlar y garantizar que el deporte sea un espacio de inclusión y respeto, demandando conocer qué medidas inmediatas se tomaron ante los incidentes de Tafí del Valle y qué acompañamiento se está brindando a la víctima de los hechos de violencia.