Seguí cuestiona la audiencia de conciliación y apura una sentencia en su amparo contra la AMT

El derrotero judicial por las internas en la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) tuvo el fin de semana otro episodio trunco. Tras ese intento fallido de mediación, la vocal Malvina Seguí pidió pronto despacho en su amparo electoral contra la entidad y reclamó al juez Raúl Tejerizo que dicte sentencia de inmediato. “Sin ningún trámite, vista, traslado, incidencia ni articulación adicional”, solicitó su apoderado, Eduardo Racedo, en un escrito presentado después de la audiencia de conciliación, que terminó sin acuerdo. Racedo sostiene que desde esa fecha los plazos corren y que el expediente permanece “a decretar”, sin pase a despacho.

La audiencia se realizó en el despacho del juez y duró 45 minutos, según el acta. Seguí asistió en forma personal, asistida por Racedo. La AMT concurrió con su apoderado, Luis Alejandro Medina, y con dos miembros de su Comisión Directiva, Luciana Eleas y Gerardo Tomás, que acreditaron facultades para conciliar o transigir con un acta de comisión del 5 de noviembre. El acta consigna que, después de “un intercambio de ideas” y de expresar sus posiciones, las partes no llegaron “a un acuerdo posible”.

Racedo cita los artículos 11 y 12 del Código Procesal Constitucional, que según transcribe establecen que “el funcionario incurrirá en mora con el solo incumplimiento de los plazos fijados” y que “cualquier retardo en su cumplimiento es sancionado disciplinariamente”. Sostiene que el decreto que suspendió los términos para convocar a la conciliación “no tuvo sustento”, y que el juez aplicó el Código Procesal Civil y Comercial para convocarla y para suspenderlos, mientras rechazó la revocatoria de la actora porque el Código Procesal Constitucional no la prevé. “La supletoriedad no puede abrirse para demorar y cerrarse para corregir”, escribió. Se reservó reclamar por la mora “por la vía correspondiente”, y mantuvo la reserva del caso federal.

Sobre la audiencia, el escrito afirma que fue de carácter privado y que no se videograbó. Según Racedo, él quiso presentar un escrito con las razones por las que su mandante no podía conciliar, el juez se negó a recibirlo y anticipó que la audiencia se cerraría sin acuerdo. El acta, dice, no consigna esas circunstancias. Racedo agrega que concurrieron en cumplimiento del artículo 132 del Código Procesal Civil y Comercial. El acta registra que los comparecientes firmaron de conformidad.

“La regularidad electoral no se negocia en democracia”, sostuvo Racedo, que escribió además que la cuestión “la debe resolver un juez”. “Los artículos 8 y 37 del estatuto no son materia transable”, afirmó, y dijo que obligan al Consejo Directivo, que debe aplicarlos y no negociarlos. Esos artículos exigen cuatro años de pertenencia activa a los socios adherentes, categoría integrada por funcionarios judiciales, para votar e integrar listas. La Comisión Directiva de la AMT sostiene que el plazo corre desde la incorporación efectiva de cada uno, a partir de la decisión de la asamblea de 2021. Seguí afirma que corre desde el 31 de octubre de 2025, fecha en que se publicó la reforma estatutaria en el Boletín Oficial. Según su demanda, unos 50 funcionarios quedarían habilitados sobre un cuerpo electoral de unos 200 asociados.

El escrito contrapone dos decisiones. Al denegar la cautelar, el 21 de octubre, Tejerizo había escrito que “la propia celeridad del trámite constituye, en principio, el cauce previsto por la ley para la tutela oportuna del derecho invocado”. La Cámara revocó esa resolución el 29 de octubre y suspendió el proceso electoral hasta que recaiga sentencia de fondo, “sin perjuicio del deber de imprimir al amparo la mayor celeridad”. Para Racedo, esa celeridad no puede valer para negar la cautelar y dejar de valer una vez concedida.

El amparo suma casi un mes desde su presentación, el 14 de octubre. Las elecciones fijadas para el 3 de diciembre siguen suspendidas y los mandatos de la actual Comisión Directiva vencen el 15 de diciembre.