
El juez penal Raúl Robín Márquez definirá la próxima semana si homologa el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Claudio “Pichón” Segura, el hombre acusado de agredir de un cabezazo al diputado nacional de La Libertad Avanza Federico Pelli durante una actividad solidaria en la localidad de La Madrid.
Durante una audiencia virtual realizada este viernes, Segura aceptó los términos del acuerdo y reconoció su responsabilidad en el ataque. “Estoy de acuerdo con la pena. Es mi voluntad. Y reconozco el hecho”, expresó desde su domicilio, donde actualmente cumple arresto domiciliario por razones de salud.
La resolución judicial se conocería a principios de la próxima semana. En caso de que el magistrado avale el convenio, el acusado recuperará la libertad, aunque deberá cumplir una condena de tres años de prisión de ejecución condicional junto a una serie de reglas de conducta.
La querella, representada por Juan Colombres Garmendia, rechazó la salida alternativa y cuestionó el desarrollo del proceso, aunque su postura no resulta vinculante para la decisión judicial. Durante la audiencia, Pelli también manifestó su disconformidad con el trámite de la causa. “Me queda la sensación de que Segura tuvo más garantías que yo en este proceso, y un mejor trato, inclusive”, afirmó el parlamentario opositor.
El episodio ocurrió el 11 de marzo, alrededor de las 18.30, en La Madrid, cuando el diputado había llegado junto a dirigentes libertarios para entregar donaciones a vecinos afectados por las tormentas.
En medio de la actividad, Segura, un exempleado público a quien desde la oposición vinculan con el ministro del Interior, Darío Monteros, le propinó un cabezazo al legislador nacional. La agresión quedó registrada en video y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y medios de comunicación.
Como consecuencia del golpe, Pelli sufrió fracturas faciales y debió ser sometido a una intervención quirúrgica. Además, según se informó durante la audiencia, deberá afrontar una segunda operación el próximo mes.
La causa avanzó bajo la calificación de lesiones graves agravadas por alevosía. En un primer momento, Segura permaneció alojado en el penal de Benjamín Paz, aunque posteriormente obtuvo el beneficio del arresto domiciliario debido a problemas de salud vinculados a hipertensión y diabetes.
Aval de la Fiscalía
Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Gabriela Ghilardi, integrante de la Unidad Fiscal de Homicidios que conduce Miguel Ángel Varela, detalló los alcances del acuerdo alcanzado con la defensa técnica de Segura, encabezada por el abogado Ernesto Baaclini.
La representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que el juicio abreviado no se sustenta únicamente en la confesión del acusado, sino también en las distintas pruebas recolectadas durante la investigación, entre ellas testimonios, informes médicos y el registro audiovisual de la agresión.
Además, explicó que el MPF valoró la ausencia de antecedentes penales computables. En el historial de Segura figura una causa iniciada en 1996 por tenencia de arma de guerra, cuyo último movimiento data de 1998 y actualmente se encuentra archivada.
El acuerdo establece, además de la condena condicional, una serie de pautas de conducta: prohibición de acercamiento y contacto con Pelli en un radio de 300 metros; fijar y mantener residencia en su domicilio actual; abstenerse de concurrir a lugares donde pueda coincidir con la víctima; no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes; no portar armas de fuego; y someterse a tratamiento psicológico orientado al control de impulsos y manejo de la ira.
Consultado por el juez sobre si comprendía el alcance del convenio, Segura respondió de manera afirmativa. “Estoy de acuerdo”, reiteró.
Por su parte, la defensa sostuvo la validez del juicio abreviado y argumentó que la causa judicial de los años 90 ya se encontraría prescripta, por lo que no correspondería ponderarla dentro de este expediente.
Rechazo de la querella
La querella también cuestionó aspectos vinculados a la investigación y al tratamiento judicial del acusado. Colombres Garmendia sostuvo que Pelli no fue sometido a una junta médica integral para determinar con precisión la magnitud de las lesiones sufridas. Además, criticó el otorgamiento del arresto domiciliario a Segura al considerar que se concedió “con un simple certificado médico”.
En la misma línea, el diputado libertario apuntó contra el accionar del Ministerio Público Fiscal y aseguró que solo durante la primera semana posterior al ataque sintió acompañamiento institucional como víctima. “Se me denegaron todos los pedidos que hice estos meses”, sostuvo.
Tras escuchar a las partes, el juez Robín Márquez anunció que tomará un plazo de 48 horas para resolver. De homologarse el acuerdo, la causa por la agresión al diputado nacional quedará cerrada mediante un juicio abreviado, evitando así la realización de un debate oral y público.