Jefes de área del Tribunal de Cuentas respaldan a Chaibén Terraf y rechazan el pedido de juicio político

Los jefes de área del Tribunal de Cuentas de Tucumán salieron públicamente a respaldar al presidente del organismo, Miguel Chaibén Terraf, y rechazaron el pedido de juicio político impulsado en la Legislatura por tres periodistas del portal Enterate Noticias, al considerar que la presentación “se apoya en afirmaciones falsas”, “lecturas parciales” y una “campaña sostenida de desinformación” sobre el funcionamiento del órgano de control.

El pronunciamiento institucional, difundido este jueves y firmado por responsables de distintas áreas técnicas y jurídicas del organismo, respondió a la denuncia presentada por Mauricio Formoso, Roque Galeano y Martín Faciano, quienes solicitaron el inicio de un proceso de juicio político contra Chaibén Terraf por presunto mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presentación legislativa de los periodistas del medio vinculado al diputado nacional y dirigente bancario Carlos Cisneros, cuestiona la actuación del Tribunal de Cuentas en torno a una obra ejecutada en el Complejo Penitenciario Benjamín Paz. Concretamente, se objeta la construcción del Pabellón N° 8 destinado a adolescentes, dentro de un proyecto a cargo de la empresa HAGA U.T.E. Según los denunciantes, el expediente de pago por $294.852.768,52 habría quedado frenado luego de detectarse que la obra se realizó sin los controles preventivos exigidos por la normativa vigente.

Frente a esos cuestionamientos, los jefes de área del Tribunal defendieron la legalidad del procedimiento seguido y remarcaron que “no hubo omisión de control”. Explicaron que la intervención del organismo se produjo una vez que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 850/8 el 27 de abril pasado, mediante el cual se aprobó el gasto y se autorizó el pago de la obra ya ejecutada entre enero y marzo de este año.

“Frente a ello, el Tribunal ejerció la modalidad prevista legalmente para estos supuestos: el control posterior, conforme a los artículos 126 y 128 de la Ley N° 6.970”, sostiene el documento. En ese sentido, indicaron que mediante el Acuerdo N° 1448, del 6 de mayo, el organismo responsabilizó al Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público “respecto de la solución técnica, el diseño y el dimensionado del proyecto”.

Otro de los ejes de la respuesta institucional apunta a desmentir que Chaibén Terraf haya impulsado una “regularización” de la obra mediante un decreto convalidatorio. Los firmantes sostuvieron que esa alternativa fue evaluada previamente por distintos organismos del Poder Ejecutivo y señalaron especialmente la intervención de la Fiscalía de Estado, a través del Dictamen N° 598 del 20 de abril de 2026. “El propio Decreto N° 850/8 invoca ese dictamen como fundamento. Por lo tanto, atribuir esa decisión al Presidente del Tribunal implica alterar el orden real de los hechos”, afirmaron.

Además, remarcaron que la obra “no fue aprobada ni pagada” y sostuvieron que el Tribunal de Cuentas no habilitó el desembolso, sino que exigió nuevas condiciones y documentación complementaria antes de emitir un pronunciamiento definitivo.

Según detallaron, el Acuerdo N° 1448 devolvió las actuaciones al Ministerio de Obras y advirtió expresamente que el decreto “no podía ejecutarse hasta el pronunciamiento definitivo”. Posteriormente, a través del Acuerdo N° 1716 del 19 de mayo, el organismo requirió nuevos recaudos, entre ellos la aprobación formal del acta de recepción provisoria, la corrección del decreto para aplicar una retención del 5% en concepto de Fondo de Reparos y la validación del cumplimiento de estándares socioeducativos por parte del organismo competente en materia de niñez. “Lejos de habilitar el pago, el Tribunal lo condicionó, exigió documentación y corrigió omisiones que podían afectar el interés público”, remarcaron.

En otro tramo del comunicado, los funcionarios cuestionaron que el pedido de juicio político concentre las responsabilidades sobre Chaibén Terraf, al recordar que el Tribunal de Cuentas es un órgano colegiado. En ese sentido, señalaron que tanto el Acuerdo N° 1448 como el N° 1716 fueron firmados por los tres integrantes del cuerpo: Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal. “Imputar a una sola persona un acto colegiado, de contenido objetante y restrictivo, es desconocer el funcionamiento institucional del organismo”, expresaron.

Finalmente, los jefes de área solicitaron a la Comisión de Juicio Político de la

Legislatura que evalúe la denuncia “con el rigor que exige la Ley N° 8.198” y consideraron que, al no existir “un hecho concreto, verificable y configurativo de una causal constitucional”, corresponde rechazar la presentación en la instancia de admisión.

El comunicado fue firmado por Atilio José Peluffo, Santiago Domingo de Prada, Patricia Fernández, Miguel Ángel Hael, Cesar Alonso Larrabure, Ramiro González Navarro, Agustín Gollan y Augusto López Fernández Murga.