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Foto: Archivo.-
“Nunca se ha vivido una situación de estas características”, manifestó la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), Marcela Ruiz, sobre el conflicto que atraviesa la entidad. Lo dijo en una entrevista con el periodista Carlos Cazón, en el programa PolíticaxCazón, tras volver el lunes de una licencia por razones de salud. Ruiz, que además es vocal de la Cámara en lo Civil y Comercial Común y presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, habló de las causas judiciales que enfrentan a la AMT con la jueza Ana María Iacono y con la vocal Malvina María Seguí, de los gastos que cuestionó el juez penal Gonzalo Javier Ortega y de la elección de renovación de autoridades de diciembre.
“Estoy totalmente sorprendida por todo lo que está pasando”, dijo. “Es la primera vez que yo hablo”, aclaró, y aseguró que no pasó información a ningún medio: “Yo nunca hablé con nadie, con ningún medio, ni con ninguna persona”. Cuando Cazón le planteó que lo que se ve desde afuera es bochornoso, coincidió: “Es bochornoso”. Y agregó: “No hemos hecho nada para contribuir a ese bochorno”.
“Sí, siento que esto es parte de una interna”, reconoció cuando el periodista le preguntó si se siente parte de una disputa electoral. “Una asociación débil implica que cuando un juez concreto tiene un problema, no tiene quien lo defienda”, advirtió, y sostuvo que las asociaciones fuertes garantizan la independencia del Poder Judicial.
Sobre los funcionarios judiciales que integran la entidad como socios adherentes, categoría en el centro de la disputa por el padrón, Ruiz recordó el origen de la reforma. “Hace cuatro años, un poco más de cuatro años, hemos hecho una reforma estatutaria para que formen parte los funcionarios”, explicó. “Hemos tomado la decisión política de que los funcionarios también se sumen”, afirmó, y dijo que la asociación pasó de unos 80 integrantes, según recordó, a “550, 560”.
Cazón le planteó que Iacono enviaba notas que no se respondían. “Mentira, no es cierto. Todas las notas contestadas”, refutó Ruiz. “No podemos estar contestando toda la nota al momento que ellos quieran”, argumentó, y explicó que los integrantes de la Comisión Directiva tienen otra ocupación: “El trabajo principal que tenemos, lo que nos da de comer, no es la asociación”. “Habló un montón de veces con nosotros”, aseguró sobre Iacono.
“A la tarde de ese día ha habido una asamblea a la que han ido más de 170 personas”, afirmó Ruiz sobre la del 23 de abril, en la que se aprobó el balance 2025. Explicó que la Dirección de Personas Jurídicas les recomendó llevar un escribano y que la escribana tomó lista a los presentes. “No estaba ni la doctora Iacono ni la doctora Tejeda, que era la oportunidad asociativa de concurrir”, señaló. “Se han seguido todos los pasos cuando se aprueba una memoria, un balance”, sostuvo.
Iacono afirma lo contrario en su demanda. Sostiene que esa mañana se presentó en la sede con un contador, que no se le exhibieron los comprobantes y que se labró un acta notarial, y que la asamblea aprobó el balance sin su presencia a partir de un informe de dos párrafos de la Comisión Revisora de Cuentas. Al resolver el recurso de la AMT, la jueza Inés de los Ángeles Yamuss escribió el 26 de octubre que Iacono habría pedido documentación antes de la aprobación del balance “sin que aparentemente haya obtenido una respuesta adecuada”.
“No es investigación ni nada de eso. Es nulidad de una asamblea”, aclaró Ruiz sobre la demanda que Iacono promovió el 22 de julio. “Yo te diría que era también de alguna manera preparar un terreno electoral”, opinó, aunque aclaró que “tendrías que consultárselo” a la jueza.
Cazón mencionó los reclamos de Ortega, entre ellos por los $22 millones en comestibles y cafetería. Ruiz cuestionó primero que la entidad deba responder a “una persona que no es asociado”. “La asociación tiene un servicio para sus asociados, que es de cafetería libre y gratuita”, explicó. “En el servicio de cafetería se consumen mensualmente, en promedio, 2.000 tazas de café”, dijo, y precisó que “el costo de cada café hoy es 1.133 pesos”. “Dos millones para la cantidad de café que se consume y para la cantidad de asociados es absolutamente nada”, sostuvo. “Yo particularmente no consumo ese café”, aclaró.
“Nosotros gestionamos convenios”, explicó sobre los pagos a Swiss Medical y a otras prestadoras que objetó Ortega. “Esto no es un gasto de la asociación”, aseguró. El asociado que quiere firma voluntariamente un consentimiento para que se le descuente la tarifa, dijo, y se trata de “una gestión que hace la asociación por la que no cobra absolutamente nada”. “Por supuesto que no es un gasto. No tendríamos esa cantidad de plata”, agregó, y precisó que la entidad “no es una asociación millonaria”. Sobre la comunicación a los asociados con estas aclaraciones, “no lo hemos publicado en los medios porque nos parecía que lo importante era que nuestros asociados tengan conocimiento”, explicó.
El balance 2025 de la AMT consigna $30,4 millones en el rubro “Comestibles y Cafetería”, que incluye comestibles, frente a $22,7 millones en 2024, en moneda de cierre. Con los valores que mencionó Ruiz, 2.000 tazas a $1.133 equivalen a unos $2,3 millones por mes. El mismo balance registra $35,8 millones como recurso por “Asistencia Social y Servicios Médicos” y el mismo monto como gasto en el rubro de seguros y educación, que incluye pagos a Swiss Medical y OSDE.
“Siempre he tenido una buena relación. No tengo ningún problema con ella”, manifestó Ruiz sobre Seguí. “Desconozco si se va a dar o no se va a dar la elección”, respondió, y explicó que maneja “dos agendas distintas”: una personal, vinculada a su salud, y otra institucional. “No es una decisión que esté en agenda”, dijo cuando Cazón le preguntó si competirá. “Yo no me dejo empujar por nadie. Ya soy una persona grande, tengo 54 años y ya nadie me empuja. Las decisiones que tomo las tomo sola”, afirmó.
Ruiz dijo que no participó de la decisión de recusar sin causa al juez Pedro Yane Mana porque estaba de licencia. “Entiendo que era la recusación sin causa porque entra dentro de las posibilidades que uno tiene cuando la causa llega a un determinado juez”, explicó. “Tenía que ver con que Yane Mana había estado en la asamblea, había votado en la asamblea, en esa asamblea cuestionada”, agregó.
“Es una decisión que depende de quien debe tomarla, que es el Poder Ejecutivo de la provincia”, respondió cuando Cazón le preguntó si le interesa llegar a la Corte. “Yo soy muy feliz con lo que hago”, agregó. Sobre el gobernador, la definió como “una relación buena de respeto”.
“Con esto se desdibuja todo lo bueno que hacemos en el trabajo cotidiano”, lamentó. A los ciudadanos que dudan de la Justicia les dijo. “Yo les diría que confíen en la justicia”, y planteó que “la independencia del Poder Judicial no es una cuestión nuestra, una cuestión corporativa”.
La entrevista se produce en medio de dos causas. En la de Iacono, la jueza Yamuss modificó el 26 de octubre la cautelar dictada por el juez Yane Mana, reemplazó el apercibimiento de secuestro por el de desobediencia y fijó una diligencia en la sede para el día siguiente. Según la Comisión Directiva, durante casi dos horas se exhibió la documentación solicitada. En el amparo electoral de Seguí, que cuestiona el cómputo de la antigüedad de los socios adherentes, el juez Raúl Tejerizo rechazó “por ahora” la cautelar el 21 de octubre, la actora apeló y lo recusó, y el vocal Benjamín Moisá, presidente subrogante de la Cámara, resolvió el 26 que Tejerizo continúe con el caso.