Respaldo empresarial a la reforma del sistema de selección de jueces impulsada por la Corte

El proyecto de reforma del sistema de concursos para designar magistrados, promovido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recibió un amplio apoyo del sector empresarial, que consideró la iniciativa como un avance orientado a mejorar la transparencia, reforzar la objetividad y optimizar el funcionamiento del Poder Judicial.

Diversas organizaciones coincidieron en señalar que la propuesta apunta a corregir falencias estructurales del mecanismo vigente, especialmente en lo referido a la ausencia de criterios claros y previsibles en los procesos de selección de jueces.

En ese contexto, desde IDEA manifestaron su acompañamiento a la iniciativa y remarcaron que introduce herramientas que fortalecen la evaluación técnica de los postulantes, al tiempo que incrementan la confianza en el sistema.

Por su parte, Amcham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina) sostuvo que “resulta fundamental que el Consejo de la Magistratura avance en el tratamiento con celeridad, priorizando el interés general” y la independencia del Poder Judicial. Además, advirtió que “hoy el sistema judicial argentino tiene debilidades críticas: opacidad en los Concursos Públicos del Consejo de la Magistratura y una gran cantidad de vacantes. Estas falencias impactan directamente en su eficacia y en la seguridad jurídica”.

Consejo Asesor de la Magistratura de la Nación.

Desde ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa) subrayaron, “a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la importancia de que los candidatos a ser designados sean independientes, imparciales, prudentes e íntegros. De los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y en los bienes de las personas, su independencia los tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones que contaminan las decisiones que ellos tienen que tomar”.

El respaldo también fue expresado por el Grupo de los Seis (G6), que reúne a las principales cámaras empresariales del país. La entidad indicó que la propuesta de la Corte busca “reducir la discrecionalidad y fortalecer la objetividad en los procesos de selección” de magistrados.

Entre los aspectos destacados del proyecto, el G6 mencionó la disminución del peso de las entrevistas personales, la implementación de concursos anticipados para cubrir vacantes con mayor rapidez y la incorporación de mayores garantías de transparencia y anonimato en las evaluaciones escritas.

Certidumbre institucional

Según señalaron, estas modificaciones permiten avanzar hacia un esquema “más equitativo, competitivo y previsible”, en el que prevalezcan el mérito y la idoneidad técnica de los candidatos. En esa línea, remarcaron que la previsibilidad en los procesos de designación contribuye a reducir la incertidumbre institucional.

“El fortalecimiento de un Poder Judicial independiente, eficiente y basado en el mérito es una condición esencial para la seguridad jurídica, la inversión y el desarrollo económico”, afirmaron desde el G6.

Asimismo, instaron al Consejo de la Magistratura de la Nación a tratar el nuevo reglamento sin demoras. “Su aprobación con celeridad constituiría un paso concreto hacia el fortalecimiento institucional del país”, indicaron, en referencia a la necesidad de cubrir numerosas vacantes existentes.

La iniciativa cuenta también con el acompañamiento de sectores del ámbito jurídico y académico. Fue elaborada por los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, con el aval del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, aprobada por acordada y enviada al Consejo de la Magistratura para su análisis.

El proyecto propone una revisión integral del sistema de concursos, con eje en el mérito, la transparencia y la trazabilidad de los procesos, en un contexto marcado por la existencia de más de 200 cargos judiciales sin cubrir en todo el país. Donde en los últimos días, se enviaron 60 pliegos al Senado de la Nación para su análisis, pero en ninguno de ellos figuras magistrados para Tucumán.

Desde el sector empresario indicaron que la reforma se alinea con un reclamo sostenido por reglas más claras en la designación de jueces, al considerar que un sistema judicial previsible incide tanto en el fortalecimiento del Estado de Derecho como en la generación de condiciones para la inversión y el desarrollo económico.