La Provincia avanza hacia la “despapelización” del Estado con un acuerdo con el Tribunal de Cuentas

El Gobierno de Tucumán firmó este miércoles un convenio de colaboración con el Tribunal de Cuentas para avanzar en la transformación digital de la administración pública y acelerar el proceso de despapelización del Estado provincial.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Economía, Daniel Abad, en representación del Poder Ejecutivo, y por el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaiben Terraf. Del acto participaron además el vocal primero del organismo de control, Sergio Díaz Ricci; el vocal segundo, Marcelo Vidal; y el secretario de Hacienda, Adrián Gustavo Dicker.

La iniciativa se enmarca en la política de modernización del Estado impulsada por la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, que busca incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión documental y agilizar la tramitación administrativa.

En ese contexto, el Tribunal de Cuentas puso a disposición del Poder Ejecutivo el desarrollo tecnológico Yunga, que incluye el sistema TAPIR, una plataforma de gestión digital de expedientes y documentos que incorpora firmas electrónicas y digitales, además de herramientas de interoperabilidad que permiten el intercambio de información entre distintas áreas del Estado.

A partir del convenio, el organismo de control cederá de forma gratuita al Gobierno provincial el código fuente y el know how del sistema, lo que permitirá que la Provincia desarrolle su propio sistema de expediente digital y lo implemente progresivamente en las distintas reparticiones públicas.

Según explicaron desde el Ejecutivo a través de un comunicado, la medida apunta a mejorar la trazabilidad de los procesos administrativos, fortalecer la transparencia en la gestión pública y facilitar la interacción de los ciudadanos con la administración provincial mediante trámites más ágiles.

El ministro Abad calificó el acuerdo como “un paso muy importante” dentro del proceso de modernización estatal. “Cuando asumimos el gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo fue muy claro en varios aspectos. Uno de ellos es la despapelización de la administración pública, es decir, digitalizar todo lo que tiene que ver con el papeleo que normalmente se usaba”, sostuvo.

El funcionario destacó además que el Tribunal de Cuentas puso a disposición del Ejecutivo un desarrollo propio que ya fue probado con éxito. “Nos han entregado los programas fuente para que podamos implementarlo en toda la administración pública y terminar de una vez por todas con el papel, avanzando hacia la digitalización”, señaló.

Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaiben Terraf, subrayó la importancia de que el organismo pueda colaborar con otras áreas del Estado provincial a partir del desarrollo tecnológico impulsado internamente. Según explicó, el objetivo es que el Ejecutivo pueda utilizar las bases de datos y herramientas del sistema para profundizar el proceso de digitalización administrativa.

En la misma línea, el vocal segundo del Tribunal de Cuentas, Marcelo Vidal, destacó que el organismo decidió desarrollar una herramienta propia luego de las dificultades para adaptar sistemas nacionales a las necesidades provinciales.

“El proyecto nace cuando el Tribunal toma la decisión de despapelizar y digitalizar. En su momento existía el sistema GDE desarrollado por Nación, pero cada modificación dependía de la autorización del gobierno nacional. Ante ese escenario decidimos crear un sistema propio, que pueda adaptarse a nuestras necesidades y que ahora también podrá ser utilizado por el Gobierno provincial”, explicó.

Vidal indicó además que el sistema ya comenzó a implementarse en algunos organismos, como el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), donde los expedientes digitales son sometidos al control preventivo del Tribunal de Cuentas de manera completamente electrónica.

De acuerdo con los funcionarios, el objetivo es que la digitalización avance de manera progresiva en las distintas áreas del Estado provincial, permitiendo mejorar la eficiencia administrativa y reforzar los mecanismos de control sobre la gestión pública.