Proponen destinar un piso del 25% de los fondos que la Caja Popular otorga al SIPROSA para ser usados en la lucha contra la ludopatía

El vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano (foto inferior) junto al legislador José Cano (Radicalismo Federal), presentó un proyecto de ley que busca dar una respuesta estructural al preocupante avance de las adicciones conductuales en la provincia. La propuesta legislativa tiene como eje central garantizar recursos genuinos para el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), estableciendo un porcentaje fijo de las utilidades del juego para la atención de la salud mental, al tiempo que institucionaliza nuevas herramientas operativas como una línea telefónica de asistencia gratuita y obligatoriedad de publicidad preventiva en salas y plataformas digitales.

El punto más destacado de la reforma consiste en la modificación del esquema de financiamiento de la Ley N° 8.986 (Juego Responsable). El proyecto establece que los recursos derivados de la explotación de juegos de azar deben retornar a la comunidad para mitigar sus efectos negativos. Según el texto propuesto para el Artículo 6°, se dispone "que un mínimo del 25% del total de las utilidades líquidas y/o aportes que la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán transfiera al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) en concepto de explotación del Sector Juegos sea asignado con carácter de afectación específica e intocable a la Red Provincial de Salud Mental y Adicciones".

Este fondo prioritario no podrá ser desviado y su destino estará estrictamente regulado. El proyecto detalla que el dinero se aplicará a "la atención médica, psicológica y psiquiátrica totalmente gratuita para menores de edad, adolescentes y personas de escasos recursos", así como a la "creación, equipamiento y mantenimiento de centros de abordaje territorial especializado en ciberludopatía" y la capacitación del personal sanitario en adicciones digitales.

La presentación de este proyecto no es solo un acto administrativo, sino que responde a una fuerte vivencia personal de su autor. Recientemente, Toscano reveló de manera pública el drama que vivió su hijo con la ludopatía, el cual salió a la luz cuando diversas personas le informaron sobre millonarias deudas acumuladas por el joven. El legislador confesó, en declaraciones al programa Panorama Tucumano, que inicialmente sospechó de una adicción a las drogas, pero luego comprendió que la tecnología había facilitado un tipo de dependencia que destruye vidas ordenadas. Tras sufrir amenazas y escraches, decidió romper el silencio para ayudar a otras familias, sosteniendo que “durante el Mundial vi cómo crecía el juego y sentí que era mi obligación como legislador denunciarlo”.

En lo que respecta a las herramientas operativas, el proyecto ordena la creación de la "Línea Telefónica Gratuita de Atención Integral de la Ludopatía (0800-LUDOPATÍA)", que brindará cobertura provincial y servicio anónimo las 24 horas los 365 días del año. Este canal tiene como fin brindar "contención emocional, orientación técnica, información sobre el Registro de Autoexclusión y la derivación inmediata a efectores del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA)".

Complementariamente, la normativa exige que todas las salas físicas, agencias de quiniela y sitios web de apuestas exhiban de forma clara y visible la leyenda: "EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. Si usted o un familiar necesita ayuda, comuníquese gratis las 24 hs. al 0800-[NÚMERO SERVICIO]. Asistencia gratuita SIPROSA".

Fundamentación

En su exposición de motivos, Toscano y Cano alertan sobre el "crecimiento exponencial de la adicción al juego —y de forma especialmente alarmante, la ciberludopatía en niños, niñas y adolescentes facilitada por las plataformas digitales y billeteras virtuales". Los autores consideran imprescindible dotar al Estado de herramientas concretas ante esta situación, al fundamentar que "la primera barrera de contención de una persona en crisis o de su familia es la posibilidad de ser escuchada sin juzgamiento y de forma anónima".

Finalmente, el proyecto otorga al Poder Ejecutivo un plazo máximo de 60 días corridos para reglamentar la ley y poner en funcionamiento la línea 0800 una vez promulgada. Con esta medida, se busca blindar los recursos necesarios para "garantizar gratuidad absoluta en la atención de salud mental a quienes no cuentan con cobertura social ni medios económicos".