Ávila respaldó el desdoblamiento electoral y pidió no perder de vista la agenda social

La senadora nacional Beatriz Ávila respaldó la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de convocar a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027 y consideró que el desdoblamiento de los comicios permitirá que el debate político se concentre en las prioridades de Tucumán.

A través de un comunicado, la legisladora del Bloque Independencia sostuvo que la anticipación del cronograma electoral aporta previsibilidad al escenario político y favorece una discusión centrada en los desafíos de la provincia.

"La decisión del gobernador Osvaldo Jaldo pone claridad sobre un proceso que todos los actores políticos debemos encarar con la responsabilidad que implica", afirmó Ávila. En ese sentido, planteó que la próxima campaña enfrentará "dos modelos de administrar la cosa pública" y aseguró que acompañará "a quienes promuevan un Estado presente, que gestione pensando en romper las desigualdades y que trabaje por el bien común".

Para la senadora, ese será "el debate que se viene" de cara a las elecciones provinciales. Ávila también señaló que, más allá del inicio del proceso electoral, su prioridad continuará siendo la agenda legislativa vinculada a las demandas sociales de la provincia.

"Hay fecha para votar y el debate sobre los temas de la provincia seguramente irá ocupando la atención de los ciudadanos. Desde nuestro espacio celebramos esa discusión en la convicción de que la democracia fortalece nuestra sociedad. Pero los desafíos que hoy tenemos son muy importantes y no podemos descuidar la atención", expresó.

En ese marco, volvió a poner el foco en uno de los proyectos que impulsa en el Senado: una iniciativa destinada a brindar alivio a las familias con altos niveles de endeudamiento.

Según explicó, la propuesta busca establecer un marco obligatorio para que las entidades financieras ofrezcan condiciones especiales a quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos disponibles al pago de deudas. El alcance incluye obligaciones derivadas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otras formas de financiamiento vinculadas a relaciones de consumo, además de deudas por servicios públicos o privados asociados a bienes y servicios de primera necesidad.

"La situación es crítica y el Gobierno nacional no la está dimensionando. Sin el Estado, millones de personas no podrán resolver su situación financiera", advirtió la legisladora.