RECUPERAN TIERRAS FISCALES
El Gobierno desalojó y demolió viviendas y construcciones ilegales en la ribera del Río Salí
Con maquinaria pesada y custodia policial, el Poder Ejecutivo demolió construcciones instaladas de manera irregular en inmediaciones del Puente Lucas Córdoba, en un área considerada crítica por el riesgo de inundaciones.
El Gobierno provincial avanzó este viernes con la demolición de construcciones levantadas de manera ilegal sobre tierras fiscales ubicadas en la ribera del Río Salí, en la zona sur oeste del Puente Lucas Córdoba, en San Miguel de Tucumán. El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Estado, junto con la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección General de Catastro, en el marco de las acciones impulsadas para recuperar espacios públicos y prevenir riesgos hídricos.
Durante el procedimiento se derribaron viviendas, galpones y otras edificaciones emplazadas dentro del dominio público hidráulico, en sectores considerados inundables y de riesgo para la seguridad de las personas y de la infraestructura vial cercana.
El fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, explicó que la intervención responde a una decisión política del Ejecutivo provincial de avanzar contra las ocupaciones ilegales de terrenos pertenecientes al Estado. “La orden del gobernador Osvaldo Jaldo es tolerancia cero a las usurpaciones y junto a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, estamos avanzando en poner orden en el patrimonio provincial”, afirmó.
En ese sentido, señaló que “hoy procedimos a la demolición de las construcciones indebidas emplazadas en este sector, recuperando un espacio público que pertenece a todos los tucumanos”.
La medida se ejecutó mediante el procedimiento de autotutela administrativa contemplado en el Decreto N.º 3.664/1 (FE), herramienta legal que faculta al Estado provincial a intervenir para resguardar bienes públicos ocupados irregularmente.
Según detallaron desde la Dirección Provincial del Agua, las inspecciones realizadas en el sector permitieron detectar construcciones, loteos y actividades comerciales avanzando sobre la línea de ribera del Río Salí. A partir de los informes técnicos elaborados por el organismo, se determinó que esas ocupaciones comprometían
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