“Nuevo Bondi”: Canelada y Cobos impulsan una reforma integral del transporte público en la Capital

Los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron este lunes el proyecto de ordenanza denominado "Nuevo Bondi", una iniciativa que propone una reforma integral del sistema de transporte público de pasajeros en San Miguel de Tucumán mediante la creación de un nuevo marco regulatorio para la planificación, organización, contratación, control y financiamiento del servicio.

La propuesta parte de un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del sistema actual, al considerar que el modelo vigente "se encuentra agotado" por los problemas de frecuencia, recorridos desactualizados, estado de las unidades, falta de información al usuario, precariedad contractual y los reiterados debates centrados únicamente en el precio del boleto. En ese sentido, los autores sostienen que la ciudad necesita abandonar un esquema basado en prórrogas y permisos precarios para avanzar hacia un sistema "planificado, integrado, transparente y centrado en las personas usuarias".

Uno de los ejes centrales del proyecto es que el Municipio deberá diseñar previamente una Red Integrada de Transporte, antes de convocar a una nueva licitación. Ese plan deberá relevar recorridos, demanda, tiempos de viaje, zonas con escasa cobertura y necesidades reales de movilidad, con el objetivo de rediseñar completamente el mapa del transporte urbano. Además, la iniciativa prohíbe que futuras licitaciones reproduzcan automáticamente los recorridos actuales sin una justificación técnica.

El proyecto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, también modifica el esquema de contratación de las prestatarias. En lugar de concesionar líneas históricas, propone dividir el servicio en Unidades de Servicio, cada una con recorridos, frecuencias, kilómetros, cantidad de colectivos e indicadores de calidad previamente definidos por el Municipio.

De esa manera, las empresas competirían por operar una determinada unidad mediante licitación pública y cobrarían en función del servicio efectivamente prestado. "La remuneración empresaria debe vincularse al cumplimiento efectivo de la Unidad de Servicio adjudicada", señala el proyecto, que plantea que las compañías sean evaluadas por los kilómetros recorridos, la puntualidad, la frecuencia, la accesibilidad, el mantenimiento de las unidades y la calidad del servicio.

Asimismo, establece que ningún subsidio, compensación económica o pago adicional podrá liquidarse sin información verificable obtenida mediante GPS, validadores electrónicos, registros de kilómetros recorridos, inspecciones municipales y otros sistemas de control.

Boleto integrado y recorridos más eficientes

Entre las principales novedades figura la creación de un boleto integrado temporal, que permitirá realizar combinaciones entre distintas líneas dentro de una determinada ventana horaria sin pagar un segundo pasaje completo.

Según los fundamentos, la medida busca evitar que los usuarios que viven en barrios alejados o necesitan combinar colectivos para llegar a sus destinos deban afrontar un mayor costo por la falta de conexiones directas. Además, el proyecto establece que la implementación del nuevo sistema no podrá reducir los beneficios tarifarios vigentes para estudiantes, jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

Otro de los cambios relevantes es la creación de un Portal Público del Sistema, donde deberán publicarse recorridos, frecuencias programadas y cumplidas, ubicación de las unidades en tiempo real cuando la tecnología lo permita, estado de la flota, kilómetros recorridos, subsidios, pagos a las empresas, sanciones, contratos e indicadores de calidad del servicio.

La iniciativa también contempla un canal unificado para reclamos de los usuarios y la conformación de un Registro Operativo que concentrará toda la información necesaria para controlar el funcionamiento del sistema, revisar tarifas y aplicar sanciones.

Cambios en el sistema tarifario

En materia económica, el proyecto distingue entre el valor que paga el usuario y la remuneración que reciben las empresas.

Además, establece que cualquier aumento del boleto deberá estar precedido por un estudio técnico, un informe sobre la calidad del servicio y una audiencia pública obligatoria, en la que se expondrán los costos, subsidios, cantidad de unidades, kilómetros recorridos y demás indicadores antes de que el Concejo Deliberante trate una modificación tarifaria.

La iniciativa promueve además la incorporación progresiva de colectivos eléctricos, híbridos o impulsados por tecnologías de bajas emisiones, junto con la mejora de paradas, refugios y nodos de transferencia.

También prevé un régimen sancionatorio que habilita multas, retención de pagos, suspensión de beneficios, retiro preventivo de unidades e incluso la rescisión de contratos frente a incumplimientos reiterados o graves por parte de las empresas prestatarias.

Como parte de la reforma, el proyecto deroga la Ordenanza N° 400/79 y otras normas complementarias que actualmente regulan el transporte urbano en la Capital.

Los autores sostienen que el objetivo es reemplazar un marco normativo de más de cuatro décadas por un régimen moderno, basado en la planificación, la transparencia y el control del servicio.

En ese sentido, los fundamentos concluyen que la propuesta busca pasar "de un sistema fragmentado, opaco y orientado a la supervivencia del esquema existente, a un sistema planificado, controlado, integrado y orientado a la calidad de vida urbana".