Malvinas: Argentina pidió frenar la explotación petrolera británica y advirtió ante un tribunal internacional que “es ahora o nunca”

Noticias Argentinas difundió que la Argentina concluyó su segunda ronda de alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, ubicado en aguas cuya jurisdicción es objeto de controversia entre ambos países.

Durante la audiencia, la delegación argentina sostuvo que existen fundamentos jurídicos suficientes para que el Tribunal intervenga de manera preventiva y advirtió que el avance de las actividades petroleras podría provocar daños irreparables antes de que se resuelva el procedimiento arbitral internacional.

La urgencia del planteo quedó reflejada en una de las frases pronunciadas durante la exposición: “Es ahora o nunca”, en referencia a la necesidad de adoptar medidas antes de que se concrete la explotación de los recursos.

Los representantes argentinos defendieron la competencia prima facie del Tribunal y argumentaron que los derechos invocados por el país son plausibles y requieren protección mientras continúa el proceso de resolución de la controversia.

El jurista Marcelo Kohen sostuvo que el organismo internacional puede pronunciarse sobre las medidas provisionales solicitadas sin necesidad de resolver la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Según la posición argentina, el objetivo de la presentación es impedir que se avance unilateralmente con la explotación de recursos naturales en una zona en disputa.

Por su parte, Nico Schrijver concentró su exposición en la urgencia de la intervención y en el riesgo de que las actividades previstas generen perjuicios irreparables.

El especialista señaló que, después de la decisión final de inversión adoptada el 10 de diciembre de 2025, el proyecto Sea Lion dejó atrás la etapa de exploración y avanzó hacia un plan concreto de explotación petrolera.

De acuerdo con los datos presentados por la delegación, el desarrollo contempla hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción estimada de 310,5 millones de barriles de petróleo.

Para los representantes argentinos, la magnitud de esas operaciones refuerza la necesidad de adoptar medidas preventivas antes de que comiencen las nuevas actividades de perforación y producción.

“Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo”, afirmó Schrijver durante su intervención.

El jurista concluyó su exposición con una advertencia en inglés: “If not now, it will be never”, cuya traducción es “si no es ahora, será nunca”.

El cierre de los alegatos argentinos estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente de la Argentina ante el Tribunal.

Oyarzábal reiteró que, según la posición del país, se encuentran reunidos los cuatro requisitos necesarios para disponer medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo de perjuicio irreparable y urgencia.

En su presentación, la Argentina solicitó que se impidan nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion. También pidió evitar el uso perjudicial de la información obtenida durante las tareas exploratorias y garantizar que el país pueda cumplir sus obligaciones de protección del medio marino.

Además, reclamó medidas destinadas a impedir que se agrave la controversia mientras continúa el procedimiento arbitral internacional.

Fuentes allegadas a la delegación señalaron que “el reclamo argentino no comienza ni termina con esta resolución” y explicaron que la instancia actual busca obtener una suspensión preventiva de las actividades petroleras cuestionadas.

En ese sentido, indicaron que el objetivo es “obtener medidas provisionales que suspendan las actividades ilegítimas de explotación de hidrocarburos, mientras avanza el procedimiento arbitral internacional ya iniciado”.

Las mismas fuentes aseguraron que la Argentina continuará utilizando “todas las herramientas jurídicas, legales y diplomáticas a su disposición para impedir la explotación ilegítima de sus recursos naturales”.

Con la etapa de audiencias concluida, la decisión quedó ahora en manos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que deberá evaluar los argumentos presentados y determinar si corresponde disponer las medidas provisionales solicitadas.

Por el momento, no existe un plazo establecido para que el organismo internacional emita su pronunciamiento.