Licitación de las acciones de EDET: un debate cruzado entre la rentabilidad empresarial y la protección al usuario

En una sesión conducida por el presidente de la Cámara, Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán sancionó con 36 votos afirmativos y 8 negativos el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que convalida la tercera prórroga para el llamado a licitación pública nacional e internacional del paquete accionario mayoritario de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET S.A.). El debate parlamentario discurrió en una intensa tensión conceptual entre la necesidad de definir las variables financieras y de rentabilidad requeridas por los futuros inversores privados ante el nuevo esquema nacional de subsidios para zonas cálidas, y las crecientes exigencias de los bloques legislativos para defender a los usuarios frente a deficiencias del servicio y costos tarifarios elevados.

El marco institucional de la resolución aprobada contempla el Acta Acuerdo ratificada el 28 de septiembre pasado entre el gobernador Osvaldo Jaldo y los apoderados de EDET S.A., Ernesto San Miguel y Rodolfo Martínez. El convenio traslada la fecha límite del proceso licitatorio al 30 de diciembre de 2026 y extiende el vencimiento del Segundo Período de Gestión hasta el 4 de agosto de 2027, manteniendo inalterada la concesión fijada originalmente hasta el año 2085. La postergación obedece a los informes técnicos de la Secretaría de Estado de Energía, donde se argumenta que la reestructuración estival de subsidios energéticos acordada por las provincias del Norte Grande con la Casa Rosada altera sustancialmente el consumo, la cobrabilidad y la facturación, siendo indispensable fijar con precisión el régimen tarifario para determinar el valor real de mercado de las acciones Clase A.

Como miembro informante de la Comisión de Energía y Comunicaciones, el legislador Alberto Olea fundamentó el dictamen de la mayoría remarcando la necesidad de contar con parámetros claros antes de la subasta. Olea señaló: "El motivo de esta prórroga es concreto: es para avanzar con el llamado a licitación nacional de este paquete mayoritario, que las condiciones deben estar previamente definidas, bajo las cuales se desarrollará la prestación del servicio y particularmente el cuadro tarifario que regirá para los usuarios". En relación con las gestiones entabladas por el Poder Ejecutivo provincial ante la Nación, el parlamentario sostuvo: "Cualquier empresa o grupo empresario que participe de una licitación de esta magnitud necesita conocer con claridad las condiciones tarifarias y regulatorias que deberá afrontar". Finalmente, concluyó: "Se trata de garantizar que las condiciones de esa licitación no pierdan de vista a quienes todos los días tienen que pagar la factura de la luz, defender adecuadamente los intereses de los usuarios tucumanos... Principalmente, lo que quiero que quede bien en claro es que nosotros estamos por detrás de la defensa del usuario y esto debe estar frente a este debido proceso".

A su turno, el legislador opositor José Seleme fundamentó su dictamen en minoría rechazando la extensión de los plazos y diferenciando los costos energéticos del valor de la distribución. Seleme argumentó: "En el campo decimos que para ensillar tenemos que saber a dónde vamos. Acá tenemos el caballo ensillado y nos están cambiando continuamente el destino. El gobierno pide una prórroga porque dice que no sabe qué pasará con el régimen de zona cálida. Una cosa es el costo de la energía y otra cosa totalmente distinta es el Valor Agregado a la Distribución (VAD)". Asimismo, cuestionó la interpretación del proceso al aseverar: "Por ahí nos hicieron creer a los tucumanos que la venta de las acciones es una cláusula en contra de la distribuidora. No, nada que ver. Es a favor de la distribuidora... porque obviamente ellos lo que quieren es ganar dinero". Y concluyó expresando: "Acompañé la prórroga anterior porque había cuestiones estructurales que debían solucionarse. Hoy tenemos régimen tarifario, cuadro tarifario, tenemos los mecanismos de actualización. No tiene sentido que la licitación no se haga. Por eso esta vez no voy a acompañar. Veo que la prórroga se transforma en este caso en costumbre... Ya no administramos plazos, administramos únicamente excusas".

En esa misma línea de rechazo, el legislador peronista Hugo Ledesma recriminó la postergación sistemática y cargó contra el desempeño operativo de la prestataria. Ledesma manifestó: "Lo que estamos haciendo nuevamente es posponer una vez más el plazo para que se realice la licitación de esta empresa. Vamos a poner todo en pausa hasta que se dicte una resolución a nivel nacional que puede o no salir y que no tiene plazo para que esto suceda". Además, describió el malestar social acumulado al afirmar: "EDET a los usuarios nos cobra todo. Un servicio como si lo diera una empresa suiza, pero en realidad el servicio es del tercer mundo con tarifas, intereses usurarios en todos los casos, con ruptura de todos los artefactos domésticos por alta tensión que no se hacen cargo, con sacar los medidores y cortar la luz rápidamente sin darle plazo a la gente que pueda regularizar". Cauteloso sobre las justificaciones del aplazamiento, sentenció: "Para nada concuerdo que haya que seguir esperando. Creo que está todo dado para que esta licitación se haga y ya se tendría que haber hecho hace mucho tiempo, así que anticipo mi voto negativo".

Al defender el dictamen oficialista, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse replicó las posturas contrarias advirtiendo sobre las consecuencias de apresurar el llamado a subasta en medio de la incertidumbre regulatoria. Vargas Aignasse inquirió: "¿A quién estamos beneficiando si la provincia no está en condiciones de sacar la oferta de las acciones de EDET? ¿Sabe a quién estamos beneficiando? A EDET". Al profundizar en la complejidad macroeconómica, agregó: "Cuando hablamos de subsidios a zonas cálidas, que todavía no sabemos cómo se va a implementar... no podemos saber si va a ser sobre los costos mayoristas o los beneficiarios de la distribución. Es esa enorme incertidumbre de saber cuáles son los costos, si va a bajar el precio, si EDET va a tener menor o mayor rentabilidad a partir de esto". Y remató: "El que está en contra de la prórroga es porque está a favor de EDET y que la cuenten como quieran".

Haciendo uso nuevamente de la palabra para responder a las alusiones vertidas, Seleme ratificó la solvencia técnica de su impugnación. "Como hay algunos empresarios acá que no entienden, hay otros legisladores que llevan 40 años ocupando la banca que tampoco entienden". Inmediatamente, precisó las variables financieras sosteniendo: "El valor de la distribuidora, lo que la distribuidora cobra se llama VAD, no tiene nada que ver el costo de la energía. Si el costo de la energía aumenta o baja, va trasladado en el pass-through a los usuarios... Ellos tienen la regla de juego clara, los que no hacemos bien las cosas somos nosotros".

Sumándose al rechazo de la prórroga, la legisladora Silvia Elías cuestionó la falta de previsión gubernamental y exigió resguardos contractuales estrictos para evitar favorecer a la actual licenciataria. Elías fustigó: "Estamos en contra de la imprevisibilidad absoluta. Estamos hablando de que el 26 de agosto ustedes son los que han propuesto que tengan una prórroga hasta ahora... ¿Cómo quieren que la oposición no les diga que no? Y claro que no". Al justificar su negativa, enumeró las deficiencias del servicio señalando: "Cobran tasas usurarias, no es justo... Cortan sin una notificación fehaciente... Por eso no voy a acompañar, por la imprevisión de decir hace un mes que necesitábamos esta fecha y ahora nos dicen que necesitamos otra fecha".

El cierre del debate parlamentario estuvo a cargo del presidente de la bancada justicialista, Roque Álvarez, quien desestimó que se trate de una postergación irregular y confirmó el apego al marco legal vigente. Álvarez enfatizó: "Quiero dejarles aclarado absolutamente a todos los legisladores que no hay ninguna prórroga, ni una sola prórroga... estamos de conformidad a lo que establecía el artículo 9 de la ley 6608". Tras explicar el procedimiento licitatorio, aclaró que la provincia mantiene la potestad del proceso: "Nadie sabe quiénes se van a presentar ni cuánto van a ofertar. Lo que sí sabemos es que al pliego de conformidad del artículo 9 de dicha ley lo elabora obviamente la provincia, no lo elabora la distribuidora, como acá se quiere hacer creer".