La Provincia analiza apelar el fallo que ordena a Jaldo normalizar el IPLA en 60 días

El Gobierno de Tucumán comenzó a definir la estrategia jurídica con la que responderá al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ordenó al gobernador Osvaldo Jaldo poner fin, en un plazo de 60 días, a la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, confirmó a Tendencia de Noticias que el equipo de abogados de la Provincia analiza presentar un recurso para revisar ese aspecto de la sentencia, al considerar que se trata del único punto que requiere una evaluación específica.

"Estamos trabajando como equipo de abogados, evaluando la sentencia y decidiendo si corresponde plantear una vía recursiva de revisión en relación a este punto en particular. Los otros puntos nos benefician como Provincia", explicó la funcionaria, quien remarcó que el fallo "no está firme" y que los plazos procesales continúan corriendo mientras se define la postura oficial.

Las declaraciones de Pedicone llegan después de que el propio gobernador Osvaldo Jaldo asegurara que acatará la decisión judicial. "Yo soy muy respetuoso de la división de poderes y, fundamentalmente, un convencido de que a los fallos judiciales hay que cumplirlos. Y este gobernador va a cumplir el fallo que ha salido de la Justicia de la provincia de Tucumán", había afirmado el mandatario, quien además confirmó que el expediente fue remitido a la Fiscalía de Estado para que analice los pasos legales a seguir dentro del marco de la legalidad.

La sentencia de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó al Poder Ejecutivo normalizar institucionalmente el IPLA y conformar su Directorio al concluir que una intervención que se extendió durante más de 26 años dejó de ser una medida excepcional para transformarse en un mecanismo permanente de administración. Los jueces Sergio Gandur y Ebe López Piossek sostuvieron que esa situación resulta incompatible con el principio de juridicidad y con el régimen institucional previsto por la Ley 7.243, que fija un plazo máximo de 60 días para las intervenciones.

Pedicone sostuvo que el fallo incorpora un aspecto que, a criterio de la Provincia, no había sido planteado originalmente por los demandantes. "Introduce un tema que no estaba ni siquiera planteado de antemano, que es la decisión de emplazar al Ejecutivo a dar por terminada la intervención", afirmó. Por ese motivo, explicó que el Gobierno estudia recurrir exclusivamente ese tramo de la resolución judicial.

La fiscal insistió en que la intervención de organismos descentralizados constituye una herramienta prevista por la Constitución y por la legislación provincial. Según indicó, en el caso del IPLA las renovaciones fueron realizadas respetando las prórrogas establecidas desde el punto de vista formal y remarcó que "la figura de la intervención es un mecanismo constitucional y legalmente permitido".

No obstante, reconoció que el debate sobre la continuidad de las intervenciones forma parte de una discusión abierta dentro del Gobierno. Reveló que Jaldo solicitó un informe sobre los organismos intervenidos y analizó junto a su equipo jurídico la situación de cada uno, aunque evitó precisar cuáles fueron las recomendaciones formuladas al mandatario. "El gobernador pidió información, se la dimos y la decisión está en sus manos", expresó, al tiempo que destacó el seguimiento permanente que el mandatario realiza sobre la gestión de los interventores.

El fallo fue celebrado por la abogada María Constanza Bauque, vicepresidenta del Movimiento Nacional de Pymes (Monapy) en Tucumán y representante de los empresarios que impulsaron el amparo. La letrada calificó la resolución como "un gran triunfo" y sostuvo que la normalización del organismo permitirá avanzar hacia "más seguridad jurídica, reglas claras y transparencia para todo el sector". No obstante, aclaró que los efectos inmediatos de la sentencia alcanzan únicamente a los actores que integran este expediente, aunque consideró probable que otros planteos judiciales sigan el mismo criterio