Investigan el patrimonio de Manuel Adorni: la Justicia le pidió que responda 20 preguntas sobre bienes, gastos y fondos

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni entró en una instancia clave luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita le requiriera respuestas sobre 20 puntos vinculados con la evolución de su patrimonio, el origen de fondos utilizados para distintas operaciones y los gastos de su grupo familiar.

La investigación tomó impulso a partir de cuestionamientos por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, junto con una comitiva oficial a Nueva York y posteriormente avanzó sobre diferentes bienes, movimientos financieros y desembolsos realizados durante el paso de Adorni por la función pública.

El exfuncionario había brindado explicaciones sobre su patrimonio tanto en entrevistas como durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados del 29 de abril de 2026, cuando respondió parte de las casi 5.000 preguntas formuladas por los legisladores.

Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía, la investigación detectó “incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.

Ante esta situación, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11 intimó a Adorni a responder 20 requerimientos sobre su patrimonio, el de su esposa y el del grupo familiar durante el período comprendido entre su ingreso a la función pública, el 14 de diciembre de 2023, y su renuncia, el 27 de junio de 2026.

Según la investigación, Adorni percibió 35 haberes durante ese período y, sumados a los ingresos de Angeletti, los recursos comprobados alcanzaron los $229.752.283,20. Los gastos familiares registrados, en cambio, ascendieron a $272.820.832,20, lo que arroja una diferencia de $43.068.549.

A esa cifra se agregan desembolsos en moneda extranjera por US$402.578,12 que, según la Fiscalía, hasta el momento “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.

Pollicita otorgó al exfuncionario un plazo de 15 días para presentar sus respuestas y la documentación correspondiente. Fuentes citadas por la Agencia Noticias Argentinas señalaron, no obstante, que la defensa podría solicitar una prórroga.

Entre las cuestiones que deberá explicar se encuentra el origen de los dólares en efectivo declarados durante los ejercicios investigados y la existencia, fecha, entrega y destino de préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo.

La Fiscalía también solicitó precisiones sobre los fondos utilizados para comprar un vehículo Jeep y el lote 380 del Country Indio Cuá, además de los recursos destinados a la remodelación integral de esa propiedad. En particular, se requirió información sobre US$245.000 que habrían sido pagados al contratista Matías Tabar.

Otro de los puntos está relacionado con los fondos abonados por muebles destinados al inmueble de Miró 550, cuyo precio habría sido pagado en dólares y en efectivo, y con el origen del dinero utilizado para adquirir esa propiedad y las características de la operación.

Adorni también deberá explicar los ingresos declarados como no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias o exentos, así como los bienes informados como recibidos mediante herencias, legados o donaciones.

La investigación busca además determinar el origen del efectivo utilizado para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos educativos, así como las razones de la utilización de terceros para realizar adquisiciones o efectuar pagos.

Entre los requerimientos aparece también la operatoria con criptoactivos, incluyendo el origen del capital con el que Adorni afirmó haber iniciado esas inversiones, y la forma en que compatibiliza sus gastos y movimientos en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos comprobados del grupo familiar.

La Fiscalía solicitó, además, información sobre 20 comprobantes informados ante la

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) durante 2024 y 2025 por montos superiores a $6 millones, y pidió precisar si las operaciones se concretaron, cómo fueron canceladas y cuál fue el origen de los fondos.

También se requirieron explicaciones sobre eventuales cancelaciones de deudas con el Banco Galicia, honorarios notariales correspondientes a tres operaciones inmobiliarias del matrimonio, consumos efectuados por personas del entorno como adicionales de tarjetas vinculadas a Adorni y una facturación de una concesionaria por más de $4 millones que podría corresponder a la adquisición de un vehículo.

Los últimos puntos incluyen el origen de acreditaciones no salariales recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación y los criterios utilizados para valuar las mejoras realizadas tanto en el inmueble de Miró 550 como en el lote del Country Indio Cuá.

Parte de estas cuestiones ya había sido abordada por Adorni durante su presentación de abril ante la Cámara de Diputados. Ante una consulta sobre la evolución de su patrimonio y el de su esposa, respondió que esa información estaba incluida en su Declaración Jurada Patrimonial Integral y que los bienes correspondientes a su cónyuge y al grupo familiar figuraban en un anexo reservado ante la Oficina Anticorrupción (OA).

También fue consultado por un viaje en avión privado a Punta del Este junto a su familia y el conductor de la TV Pública Marcelo Grandio. Adorni respondió entonces que no existían registros de viajes financiados por terceros ante la OA bajo el régimen correspondiente y aseguró que el organismo había informado la inexistencia de conflictos de interés.

La Oficina Anticorrupción confirmó, por otra parte, que había recibido denuncias entre el 11 y el 25 de marzo de 2026 y que realizó análisis sobre las declaraciones juradas patrimoniales del entonces funcionario en expedientes de carácter reservado.

Ahora, el avance de la investigación quedará condicionado por las explicaciones y documentación que presente Adorni ante los 20 requerimientos formulados por la Fiscalía y por la evaluación posterior que realice Pollicita sobre el origen y evolución de los fondos investigados.