La Justicia ordena eliminar publicaciones contra Jaldo y le da un respaldo parcial en su disputa con Molinuevo

En un fallo de fuerte impacto político e institucional, la Justicia provincial hizo lugar parcialmente a una medida solicitada por el gobernador Osvaldo Jaldo, interpuesta la semana pasada con la representación de la abogada Paula Morales Soria, y ordenó a la diputada nacional libertaria María Soledad Molinuevo eliminar publicaciones en redes sociales en las que lo vinculaba con los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de La Madrid. La resolución también le prohíbe reiterar ese tipo de imputaciones, al considerar que carecen de sustento probatorio y afectan derechos personalísimos del mandatario.

El pronunciamiento, firmado por el juez Pedro Daniel Cagna el domingo 15 en el Centro Judicial Capital, encuadra el caso dentro de una tutela autosatisfactiva, es decir, una vía excepcional para resolver situaciones urgentes sin necesidad de un proceso principal posterior.

Según surge del expediente al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, el mandatario había denunciado que la legisladora lo acusó públicamente -a través de redes sociales y declaraciones mediáticas- de haber instigado la agresión contra dirigentes políticos, puntualmente el diputado Federico Pelli, además de responsabilizarlo por eventuales hechos futuros contra ella y su entorno. La Justicia entendió que esas afirmaciones no constituyen meras opiniones políticas, sino “acusaciones fácticas graves” sin respaldo acreditado.

En ese marco, el juez consideró que la permanencia de los posteos en plataformas digitales generaba un “daño actual, continuo y expansivo”, agravado por la lógica de viralización propia de las redes sociales. Por ello, resolvió ordenar su eliminación inmediata y la abstención de realizar manifestaciones similares en el futuro.

No obstante, el fallo introduce un límite relevante: rechazó el pedido del gobernador para que Molinuevo se retracte públicamente y publique disculpas. El magistrado sostuvo que imponer una retractación forzada podría vulnerar la libertad de expresión, al obligar a emitir un mensaje determinado sin que exista aún una sentencia definitiva que acredite la ilicitud de los dichos.

La resolución se apoya en una ponderación entre dos derechos constitucionales en tensión: la libertad de expresión y el derecho al honor. En ese equilibrio, el tribunal concluyó que las publicaciones cuestionadas exceden el marco de la crítica política protegida, pero que una retractación obligatoria sería una medida desproporcionada en esta etapa preliminar.

El fallo representa así un respaldo parcial para Jaldo en medio de una escalada política, al reconocer la existencia de un daño reputacional en curso y habilitar medidas urgentes para frenarlo, aunque sin avanzar -por ahora- sobre sanciones más severas contra la legisladora.

La abogada de Jaldo, además, desmintió que el gobernador haya conocido antes el resultado de la sentencia, ya que el fallo fue dictado el domingo por el magistrado.