La deuda del PAMI con Tucumán vuelve a encender la mecha del conflicto entre la Nación y la Provincia

Un documento oficial volvió a poner sobre la mesa una herida que no cierra. La respuesta escrita que la Jefatura de Gabinete remitió al Congreso en el marco de la presentación del jefe de Gabinete Manuel Adorni -y que incluye un detalle pormenorizado de las deudas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) con los efectores públicos provinciales- dejó en evidencia lo que en Tucumán ya saben de memoria: la Nación les debe, y mucho. Pero el problema ya no es solo el monto. El problema es que los números no cierran.

Según el informe oficial, al 8 de abril la deuda del PAMI con los hospitales públicos de Tucumán ascendía a $2.289.464.419,31. Una cifra que ubica a la provincia en el tercer puesto del ranking nacional de acreedores, detrás de Buenos Aires ($7.807 millones) y Córdoba ($4.229 millones), y por delante de Mendoza, Santa Fe y Santa Cruz. En total, el organismo reconoce un pasivo de aproximadamente $21.700 millones a nivel nacional.

Hasta ahí, el reconocimiento podría leerse como un gesto de transparencia. El problema surge cuando se cruza ese número con el que maneja el propio Sistema Provincial de Salud (Siprosa): $44.000 millones al 31 de marzo. Una divergencia contable que, en el tenso vínculo entre la administración de Javier Milei y el gobierno de Osvaldo Jaldo, tiene todo el potencial para convertirse en un nuevo frente de disputa.

El gobernador Jaldo ya había anticipado la tormenta el 1° de marzo, en el discurso de apertura de las sesiones legislativas. Ante la Legislatura provincial, el mandatario tucumano enumeró con precisión las deudas que la Nación mantiene con la provincia: más de $35.000 millones del PAMI (en ese momento) con el Siprosa, otros $ 34.000 millones de ANSES por concepto abonado a jubilados transferidos, y más de $ 18.000 millones por concesiones establecidas en el consenso fiscal.

“Es importante dejar claro en este recinto que, aunque la Nación no nos abone la deuda que tiene para con Tucumán en el PAMI, nunca vamos a desamparar a esa persona que trabajó toda la vida. No vamos a dejar nunca de atender a nuestros queridos abuelos y jubilados”, afirmó ese día Jaldo.

El propio informe de Jefatura de Gabinete incluye un dato que, leído con atención, revela el nivel de tensión institucional acumulada. En el bloque correspondiente al Siprosa, el documento consigna textualmente que el organismo provincial “intimó a regularizar” la deuda de los hospitales públicos, y que existe un saldo deudor reconocido al 27 de marzo. La palabra “intimó” implica el paso previo a la acción legal.

Y es precisamente ahí donde, según fuentes con conocimiento directo de las negociaciones, la situación se vuelve más delicada. Funcionarios del Gobierno provincial admitieron a Tendencia de Noticias, en reserva, que la Provincia está a un paso de reclamar por vía judicial el pago de la deuda. La divergencia en los montos reconocidos -entre lo que dice el PAMI y lo que registra el Siprosa- no es un detalle menor: en un eventual litigio, esa diferencia será el primer campo de batalla.

El convenio vigente entre el PAMI y los efectores públicos establece que el pago de las facturas debe realizarse dentro de los 60 días corridos desde su presentación. El organismo nacional, por su parte, atribuyó parte del atraso a demoras administrativas de los propios hospitales, señalando que muchos centros no habrían presentado la declaración jurada obligatoria que certifica la ausencia de reclamos duplicados ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Una lectura que en la provincia reciben con escepticismo.