La Bancaria denunció al Estado argentino ante la OIT por la represión a bancarios en Tucumán

La Asociación Bancaria elevó una queja formal contra el Estado argentino ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La presentación, avalada por la CGT y por federaciones sindicales internacionales, denuncia violaciones a los convenios sobre libertad sindical a raíz de una represión policial ocurrida en Tucumán.

El escrito se centra en los hechos del 5 de diciembre de 2025, cuando representantes de la Seccional Tucumán del gremio realizaban una asamblea en el interior de la sucursal Concepción del Banco Patagonia. El reclamo gremial era por un despido y por denuncias de hostigamiento laboral.

Según el documento presentado en Ginebra, la actividad se desarrolló de manera pacífica. Efectivos de la División Infantería de la policía provincial se apostaron en el lugar a instancias de un requerimiento de la propia entidad bancaria. La intervención policial no respondió a un disturbio: se produjo cuando los trabajadores se retiraban del establecimiento tras finalizar la medida gremial.

El escrito detalla que los agentes actuaron con los rostros cubiertos, sin identificación individual posible. Según la denuncia, emplearon escopetas calibre 12/70 y efectuaron disparos. También utilizaron guantes tácticos con refuerzos rígidos en los nudillos, elementos que el gremio señala como no habilitados para la contención ciudadana. El operativo dejó dirigentes lesionados y detenidos, sometidos a tratos que la Bancaria calificó de vejatorios. El sindicato sostiene que se vulneraron los convenios 87, 98 y 135 de la OIT sobre derecho a la sindicación y protección de los representantes gremiales.

La presentación describe además un cuadro de encubrimiento y persecución posterior a la represión. Las armas utilizadas por la policía fueron secuestradas de manera tardía, y su custodia y peritaje quedaron a cargo de la misma fuerza de seguridad involucrada en el operativo. La causa por la violencia institucional recayó en una fiscalía especializada en usurpaciones y cibercriminalidad, ajena a esa materia.

Dos de los trabajadores reprimidos fueron imputados por "atentado y resistencia a la autoridad". La Bancaria calificó esa imputación como un mecanismo disuasorio y de criminalización. En paralelo, en la causa donde el Banco Patagonia figura como damnificado, el Estado asignó los recursos de la Unidad Fiscal de Homicidios y Graves Atentados contra las Personas.

La justicia tucumana rechazó en forma reiterada el pedido de la Asociación Bancaria de constituirse como parte querellante, lo que excluyó al sindicato del control de la prueba y de la participación en las pericias balísticas.

A través de la denuncia, La Bancaria solicitó a la OIT un tratamiento urgente del caso y recomendaciones para que el Estado argentino cese la persecución penal contra los trabajadores, garantice una investigación imparcial, permita el acceso a la justicia de la organización sindical y disponga protocolos que prohíban el uso de armas en asambleas gremiales pacíficas.

La denuncia lleva la firma de Sergio Omar Palazzo, secretario general nacional de la Asociación Bancaria; Carlos Aníbal Cisneros, secretario nacional de Administración de la Asociación Bancaria; Marcelo Di Stefano, secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la CSA-TUCA; Gerardo Alberto Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT-Argentina; Guillermo Maffeo, director regional del Sector Finanzas de UNI Américas Sindicato Global; Angelo Di Cristo, jefe mundial del Sector Finanzas de UNI Global Union, y Marcio Monzane, secretario regional de UNI Américas Sindicato Global.