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El gobierno de la Nación avanza con su estrategia en la disputa por las Islas Malvinas. El Presidente Javier Milei ordenó iniciar un arbitraje internacional por el proyecto petrolero Sea Lion y le dio a Reino Unido, un plazo de dos semanas para impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas en la zona en disputa.
Si el Reino Unido no responde a la intimación, Argentina pedirá medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La decisión lleva al terreno jurídico internacional una ofensiva que durante septiembre avanzó con sanciones, denuncias y nuevas herramientas legales contra compañías y personas vinculadas con la explotación de recursos en las islas.
El Presidentes escribió en su cuenta de la red social X: "DEFENDIENDO CON HECHOS
Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras. VLLC", concluye el posteo.
Sea Lion en el centro de la disputa
El proyecto Sea Lion se convirtió en las últimas semanas en el principal foco de tensión entre Buenos Aires y Londres por Malvinas. Argentina sostiene que la explotación de hidrocarburos en la zona requiere autorización nacional y avanzó con medidas contra empresas y prestadores relacionados con esas actividades.
Reino Unido mantiene la posición contraria y respalda el desarrollo de los recursos naturales de las islas.
La Casa Rosada informó que recurrirá al procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El arbitraje se inicia ahora y, si Reino Unido no atiende la intimación dentro de dos semanas, Argentina pedirá medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El argumento del Poder Ejecutivo
El Gobierno volvió a apoyarse en las resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía. Citó la Resolución 2065 (XX), que reconoció la existencia de una controversia entre Argentina y Reino Unido e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución negociada, y la Resolución 31/49, que pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que alteraran la situación.
Sobre esa base, la Casa Rosada sostiene que el avance de Sea Lion implica una explotación unilateral de recursos naturales en una zona en disputa.

Punta Arenas - Chile
El comunicado sumó además un capítulo que conecta con el creciente vínculo entre Malvinas y el sur de Chile.
El Gobierno apuntó contra Thales UK Limited, a la que atribuyó operaciones aéreas entre las islas y Punta Arenas mediante una aeronave de matrícula británica y sin autorización argentina. Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas por esos vuelos.
La decisión anunciada ayer cambia la escala de la ofensiva argentina. Hasta ahora, el Gobierno había concentrado buena parte de la presión sobre empresas, proveedores y operadores vinculados con Malvinas. Ahora coloca directamente al Reino Unido en el centro del reclamo jurídico y fija un plazo concreto: dos semanas antes de intentar llevar el caso al Tribunal del Mar.