Jaldo restringe el uso de tarjetas corporativas en toda la administración central

El Gobierno de Tucumán dispuso una fuerte restricción al uso de tarjetas corporativas en la Administración Pública Provincial centralizada, en una medida orientada a reforzar el control sobre los gastos del Estado y racionalizar el uso de los recursos públicos. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto N° 1.537/3 (SH), publicado este martes 29 de julio en el Boletín Oficial, aunque lleva fecha del 6 de julio.

La norma establece que todas las dependencias de la Administración Pública Provincial centralizada deberán iniciar las gestiones necesarias para cancelar o dar de baja las tarjetas corporativas que actualmente se encuentran en vigencia, marcando un cambio en la política de utilización de este medio de pago dentro del Estado provincial.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que la medida responde a la necesidad de fortalecer la administración de los recursos públicos, facultad que la Constitución Provincial asigna al gobernador como responsable de la conducción de la administración provincial.

En ese sentido, el texto señala que "se estima oportuno disponer la restricción del uso de tarjetas corporativas, como medio de pago, que fueron asignadas oportunamente en distintas jurisdicciones de la Administración Pública Provincial", dentro de una política de "racionalización y control" de este instrumento financiero.

Baja de las tarjetas vigentes

El artículo primero del decreto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, dispone expresamente la restricción del uso de tarjetas corporativas "en todas las dependencias de la Administración Pública Provincial centralizada".

Como consecuencia de esa decisión, el Ejecutivo instruye a cada jurisdicción y organismo alcanzado por la medida a gestionar "ante la entidad bancaria correspondiente la rescisión, cancelación o baja de las tarjetas corporativas vigentes", de acuerdo con las condiciones contractuales existentes.

De esta manera, el Gobierno provincial busca eliminar el uso generalizado de este mecanismo de pago y limitar su utilización únicamente a situaciones excepcionales.

El decreto, sin embargo, contempla que determinadas áreas del Estado puedan seguir utilizando tarjetas corporativas cuando resulte indispensable para garantizar el funcionamiento de determinados servicios.

Para ello, cada organismo deberá presentar un pedido formal ante el Ministerio de Economía y Producción, justificando de manera fundada la necesidad de contar con ese instrumento.

La autorización no será automática. La norma establece que la excepción deberá aprobarse mediante una resolución del Ministerio de Economía, con intervención previa de la Secretaría de Estado de Hacienda y de los organismos técnicos competentes.

Además, el decreto fija criterios estrictos para habilitar esos casos excepcionales, señalando que sólo procederán cuando respondan a principios de "razonabilidad, economía, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos".

La norma también otorga amplias facultades a la Secretaría de Estado de Hacienda para reglamentar la aplicación del decreto.

Entre otras atribuciones, podrá dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para su implementación y requerir a los organismos descentralizados y entes autárquicos toda la documentación e información vinculada con el uso de tarjetas corporativas.

Con esta decisión, el Gobierno provincial incorpora un nuevo mecanismo de control administrativo sobre los medios de pago utilizados por las distintas áreas del Estado, concentrando en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Hacienda la autorización y supervisión de cualquier excepción al régimen general de restricción.