Jaldo dijo que avanzará con la normalización del IPLA, pero no fijó plazos

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el Gobierno de Tucumán tiene la decisión de avanzar con la normalización de los entes autárquicos que permanecen intervenidos, entre ellos el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA).

Sin embargo, evitó precisar una fecha para concretar ese proceso y planteó que previamente será necesario revisar y actualizar las normas que regulan el funcionamiento de cada organismo.

Las declaraciones del mandatario se produjeron en medio de la controversia judicial por la intervención del IPLA, luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictara dos nuevas sentencias relacionadas con los reclamos de comerciantes contra la ley que regula el organismo y su situación institucional. Si bien el tribunal rechazó el pedido para que se declare inconstitucional la Ley que le da sustento al organismo, recordó el fallo por el que le ordenó al Gobierno que ponga fin a una intervención que lleva más de 26 años.

Consultado específicamente sobre cuándo comenzaría la normalización del IPLA, Jaldo respondió que la decisión política ya está tomada y que el Ejecutivo trabaja en las condiciones necesarias para llevarla adelante. "La decisión que ha tomado el gobernador [es] empezar a normalizar todos aquellos entes autárquicos que hoy están intervenidos", expresó.

No obstante, explicó que el proceso requiere adecuaciones legales y administrativas para garantizar el funcionamiento de las instituciones una vez que dejen de estar intervenidas. "Estamos trabajando porque hay estatutos, hay cartas orgánicas que están muy desactualizadas, porque cuando nosotros hablamos de normalizar quiere decir que hay que poner los responsables que conduzcan cada institución", sostuvo.

Jaldo explicó que la regularización de los organismos provinciales no consiste únicamente en reemplazar a los interventores por nuevas autoridades, sino que implica revisar los marcos normativos que establecen sus estructuras y mecanismos de conducción.

Para ejemplificar esa situación, mencionó al Subsidio de Salud, la obra social provincial, que cuenta con aproximadamente 400.000 beneficiarios entre titulares y adherentes. "Tenemos el Subsidio de Salud, una obra social, la más grande, la más importante del interior del país, y esa obra social que hoy tiene aproximadamente, entre titulares y adherentes, casi 400.000 beneficiarios", señaló.

El mandatario consideró que la designación de las futuras autoridades debe realizarse con especial cuidado debido a la responsabilidad que implica administrar servicios esenciales. "Para poner una conducción que conduzca lo que tiene que ver con la salud del ser humano, como son los servicios del Subsidio de Salud, hay que tratar de no equivocarse", afirmó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de adecuar las normas institucionales a las condiciones actuales. "Hay que actualizar hoy toda la carta orgánica que tiene Subsidio de Salud y actualizarla a los tiempos, lo mismo con el IPLA, lo mismo con la Caja Popular de Ahorro y lo mismo con muchas otras instituciones", enumeró.

Finalmente, el gobernador sintetizó las dificultades que, según su evaluación, presenta el proceso de regularización. "Hablar de normalizar es fácil. Ahora, hay que ver cómo, con quién y con qué normas legales lo hacemos", concluyó.

La batalla judicial

El 10 de agosto de 2026, mediante la sentencia N° 653, dictada en el expediente "Arancibia, Cristhian Osvaldo y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán y otros s/ amparo colectivo", la Sala III había hecho lugar parcialmente a una acción judicial que cuestionaba la prolongada intervención administrativa del instituto.

En esa resolución, los camaristas dispusieron que el Poder Ejecutivo provincial adoptara, en un plazo de 60 días, los actos administrativos necesarios para poner fin a la intervención y avanzar con la normalización institucional del IPLA mediante la integración de su directorio.

El tribunal estableció que ese procedimiento debía ajustarse a los artículos 9, 10 y concordantes de la Ley Provincial N° 7.243, que regula la organización y el funcionamiento del organismo.

Posteriormente, la misma Sala III se pronunció en otros dos expedientes promovidos por comerciantes que también cuestionaban el régimen legal del IPLA.

En la sentencia N° 755 del 22 de septiembre, correspondiente al expediente "Reinoso, Silvina María y otros", y en otra resolución firmada el 7 de octubre, en la causa "Lobo, Ángel Mario y otros", los jueces rechazaron los planteos de inconstitucionalidad de la Ley 7.243.

En ambos casos, la Cámara también declaró inadmisibles, por la vía del amparo, los pedidos de nulidad de multas y clausuras y de devolución de sumas abonadas al organismo.

Sin embargo, respecto del cese de la intervención administrativa, los magistrados remitieron expresamente a la sentencia del 10 de agosto, al considerar que esa cuestión ya había sido resuelta. Es decir, recordaron la orden al Gobierno para que proceda a normalizar el IPLA en un plazo de 60 días.

Tal como informó oportunamente Tendencia de Noticias, Jaldo le ordenó a la Fiscalía de Estado que apele la sentencia, por lo que la definición sobre el fin de la intervención del IPLA quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.

En este contexto, Jaldo ahora reiteró la voluntad del Poder Ejecutivo de avanzar con la regularización de los entes intervenidos, pero planteó que el proceso debe estar acompañado por una revisión de sus estructuras y normas legales.