El Gobierno negoció con gobernadores aliados y logró frenar el intento opositor contra el DNU 70/2023

El Gobierno nacional desplegó una serie de negociaciones con gobernadores dialoguistas que contribuyeron a impedir que la oposición reuniera el quórum necesario para sesionar este jueves en la Cámara de Diputados. El objetivo del oficialismo fue preservar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, mientras avanzaba en acuerdos con las provincias sobre obras de infraestructura y modificaciones legislativas.

Desde la Casa Rosada destacaron el papel del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantuvo contactos con dirigentes provinciales y permaneció durante buena parte de la jornada en el Congreso para coordinar las conversaciones.

Las gestiones estuvieron dirigidas a legisladores vinculados con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut), con el propósito de evitar que acompañaran la convocatoria opositora.

Detrás de las negociaciones también aparecieron reclamos de las provincias vinculados con la ejecución de obras públicas, especialmente en materia de infraestructura vial.

Uno de los casos fue el de Santa Fe, cuyo gobernador, Maximiliano Pullaro, firmó el pasado 22 de julio un convenio con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El acuerdo establece que la provincia asumirá durante 20 años, con recursos propios, la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012.

En tanto, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se reunió este jueves con Santilli para analizar el avance de las obras correspondientes al tramo II de la Ruta Nacional 40, una de las principales demandas de infraestructura de la provincia.

Los reclamos por el estado de las rutas también están vinculados con las dificultades que enfrentan los sectores productivos para transportar mercaderías y con las preocupaciones por la seguridad vial.

Otro de los mandatarios que planteó exigencias al Gobierno fue Gustavo Sáenz, de Salta, quien cuestionó públicamente que los ramales C14 y C15 del ferrocarril Belgrano Cargas fueran incluidos como optativos en los pliegos de licitación para su ampliación.

Tras el reclamo, desde Nación transmitieron compromisos de inversión y mencionaron la posibilidad de mantener una reunión con empresarios para abordar las mejoras necesarias en ambos ramales.

Consultadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), fuentes de la Casa Rosada señalaron que la tarea de Santilli consiste en “acercar posiciones y construir acuerdos para sostener las reformas”.

En paralelo, otro de los factores que influyó en las negociaciones fue la decisión de La Libertad Avanza de modificar su posición respecto de la Ley de Tierras, cuya derogación había sido incluida en el DNU 70/2023.

El oficialismo aceptó incorporar en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada una disposición para dejar sin efecto el artículo 154 del decreto y restablecer la normativa sobre tierras, en respuesta a los planteos de los gobernadores.

La iniciativa deberá continuar su tratamiento legislativo en el Senado, donde desde el espacio libertario aseguran contar con los votos necesarios para avanzar.

Desde Balcarce 50 también destacaron la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en las conversaciones con los distintos bloques y representantes provinciales para evitar que la oposición alcanzara el quórum.

Tras la fallida sesión, Menem expresó públicamente su posición sobre lo ocurrido.

“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, sostuvo.

Las negociaciones permitieron al oficialismo evitar el tratamiento de la iniciativa opositora durante la jornada del jueves. Al mismo tiempo, dejaron planteada la continuidad de las conversaciones con los gobernadores, cuyos reclamos por obras e infraestructura forman parte de la relación entre la Nación y las provincias.