
El diputado nacional por Tucumán, Gerardo Huesen (La Libertad Avanza), fue designado como presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, reemplazando a Daniel Arroyo (Unión por la Patria) en una reunión constitutiva atravesada por una profunda confrontación política. Mientras el bloque oficialista defendió la trayectoria de Huesen y su vínculo con sectores vulnerables en su provincia, los bloques opositores lanzaron duras críticas contra la gestión del gobierno de Javier Milei, denunciando un "desfinanciamiento brutal", el incumplimiento sistemático de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la represión policial contra prestadores y personas con discapacidad que se manifestaban en la Plaza de Mayo.
El debate central giró en torno a la necesidad de establecer una agenda de trabajo inmediata que obligue al Poder Ejecutivo a rendir cuentas y garantice los derechos fundamentales del colectivo frente a la actual crisis del sector. La propuesta de Huesen para liderar el cuerpo fue presentada por su bloque resaltando su experiencia como legislador provincial en Tucumán (2019-2023) y su labor previa como miembro de la misma comisión entre 2023 y 2026. Al tomar posesión del cargo, el parlamentario tucumano expresó: "asumo la responsabilidad de presidir esta comisión humildemente pero con un fuerte compromiso de trabajo, diálogo y cooperación, porque estoy convencido de que el trabajo en conjunto nos va a permitir avanzar en políticas que nos den resultados concretos". A pesar de su llamado al diálogo, la designación fue recibida con un fuerte rechazo por parte de sectores de la izquierda y el peronismo; a los gritos, Nicolás del Caño (foto inferior) manifestó tajantemente: "no doy consentimiento para que la Libertad Avanza presida la comisión de discapacidad porque incumplieron la ley de emergencia, porque hoy le pegaron a las personas con discapacidad, la semana pasada también, vetaron la ley, la incumplieron".

La tensión escaló cuando los representantes de Unión por la Patria repudiaron los hechos de violencia ocurridos durante la mañana de la sesión, donde la Policía Federal desalojó una protesta de prestadores. El diputado Juan Marino (foto inferior) quien fue propuesto para integrar las autoridades de la comisión, brindó un pormenorizado diagnóstico del conflicto: "hoy estamos en el marco de un cese de actividades convocado por prestadores para personas con discapacidad a nivel nacional y hoy tuvimos el intento por parte de un sector de esos prestadores de centros de día, escuelas especiales, centros terapéuticos, transportistas, hoy quisieron hacer un acampe en la Plaza de Mayo para manifestar sus reclamos y fueron desalojados por la Policía Federal Argentina".
Asimismo, la oposición denunció una parálisis administrativa y financiera que pone en riesgo la vida y la salud de miles de personas. Según señaló Marino, "los prestadores de todo el país reclaman falta de pagos desde el mes de octubre de 2025, lo cual está en algunos casos directamente impidiendo la continuidad de las prestaciones de los centros de día que cierran, transportistas que no pueden trasladar a las personas con discapacidad a sus terapias". En esa línea, se acusó al Gobierno de haber devuelto $30.000 millones al Tesoro Nacional que no fueron ejecutados, mientras las familias denuncian la falta de medicamentos y tratamientos básicos.

Otro de los puntos de fricción fue el incumplimiento de las órdenes judiciales que exigen la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, norma que el oficialismo habría intentado suspender mediante decretos. La disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su integración al Ministerio de Salud también fue objeto de críticas, considerándolo un "gran retroceso" hacia un "modelo medicalizador que es contrario a una conquista que se logró a nivel histórico e internacional acerca de que los derechos de las personas con discapacidad exceden un problema de salud".
Finalmente, los bloques opositores advirtieron que la designación de un referente de La Libertad Avanza podría tener como fin "paralizar el funcionamiento" de la comisión para evitar el control parlamentario. Por este motivo, exigieron que la semana próxima se convoque al ministro de Salud, Mario Lugones, y al director de discapacidad, Alejandro Vilches, para que brinden explicaciones urgentes sobre el estado de las políticas públicas del área. La comisión acordó, tras la aprobación de las autoridades, reunirse los días miércoles a las 9:30 de la mañana para dar inicio formal a sus actividades legislativas.