Hacia el "Ocio Cero" en Tucumán: Impulsan un régimen donde el trabajo carcelario sea obligatorio y repare a las víctimas

La bancada de Fuerza Republicana elevó al Parlamento tucumano un proyecto de ley para establecer el "Régimen de Formación Socio-Laboral y Cargas de Convivencia", destinado a todas las personas condenadas en la provincia. La propuesta surge en concordancia con la sanción de la Ley Nacional N° 27.802, que modificó la Ley de Contrato de Trabajo para excluir taxativamente a las personas privadas de la libertad de su ámbito de aplicación. La idea central de la iniciativa es que la resocialización debe dejar de ser una opción para convertirse en una “carga del interno para con la sociedad que financia su alojamiento”, eliminando lo que los autores, Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra (foto inferior), denominan el paradigma del "ocio carcelario".

El proyecto realiza una distinción fundamental entre las tareas de mantenimiento interno y el trabajo industrial. Bajo la denominación de "Cargas de Convivencia Ciudadana", se establece que todas las personas condenadas tendrán la obligación de realizar tareas de higiene, limpieza, cocina y reparación edilicia. Según los fundamentos de la iniciativa, estas labores son “obligaciones intrínsecas a la vida en comunidad y, por ende, no deben ser remuneradas. El Estado no debe pagarle a un interno por limpiar su propia celda o el pabellón donde reside”.

Por otro lado, se prevé el fomento de talleres industriales y convenios con terceros para el trabajo productivo. Si bien el desempeño será voluntario para los procesados, tendrá carácter de obligatorio para los condenados según su plan de tratamiento. Los ingresos derivados de estas tareas no serán considerados salarios, sino que tendrán carácter de “estímulo económico (peculio)”.

Uno de los puntos más innovadores del proyecto es la distribución de los ingresos generados por los internos. Según el articulado propuesto, el peculio se repartirá de la siguiente manera:

• Un 40% destinado a la reparación integral a las víctimas del delito.

• Un 30% destinado al reembolso de gastos de mantenimiento, alimentación y seguridad del sistema penitenciario provincial.

• Un 30% destinado a la formación de un fondo de reserva, que se entregará al interno únicamente al momento de recuperar su libertad efectiva.

Esta estructura busca, según señalan Bussi y Verón Guerra, que el esfuerzo del condenado sirva para “reparar a quien sufrió el delito y para costear su propia manutención, aliviando la carga fiscal de los contribuyentes tucumanos”.

El fin del "ocio carcelario" y la progresividad de la pena

La normativa propuesta vincula directamente el trabajo con la posibilidad de obtener beneficios carcelarios. El cumplimiento efectivo de las tareas será una “condición indispensable para que los informes de concepto y conducta sean considerados 'favorables'”. Por el contrario, la negativa injustificada será calificada como “Falta Grave”, lo que impedirá el acceso a salidas transitorias, semilibertad o libertad condicional.

En sus fundamentos, los legisladores de Fuerza Republicana enfatizan que el sistema debe dejar de ser un refugio de inactividad: “Es imperativo que el sistema de ejecución de penas en Tucumán pase a ser un sistema de 'Ocio Cero', donde el mérito y el esfuerzo sean los únicos caminos hacia la recuperación de la libertad”. El proyecto concluye con una premisa tajante que resume la filosofía de la reforma: “Preso que no trabaja, preso que no accede a beneficios de ningún tipo en la ejecución de su pena”.