Fiduciaria de Tucumán: Abad aclaró que la Caja Popular es solvente y abrió la puerta a modificar el proyecto

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, afirmó este viernes en la Legislatura que la Caja Popular de Ahorros es autosustentable y que el Poder Ejecutivo no la asiste para pagar sueldos. Lo dijo durante la reunión ampliada que encabezó el vicegobernador Miguel Acevedo con integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y presidentes de bloques. En el encuentro se analizaron la ampliación del Presupuesto 2026, la prórroga de la licitación del paquete accionario mayoritario de EDET y el proyecto de creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y del Fondo de Garantía de Tucumán (Fogatuc), que ya tiene dictamen de comisión.

Una de las polémicas de la semana se abordó en el encuentro, la referida a la situación patrimonial de la Caja Popular y el proyecto de creación de una fiduciaria. Consultado, esto respondió el ministro según la versión taquigráfica del encuentro. "A ver, a nosotros no nos consta de ninguna manera que la CPA esté pasando por una situación estructuralmente con problemas financieros. De hecho, como Poder Ejecutivo nosotros no la asistimos para pagar sueldos ni nada por el estilo, o sea que hoy es autosustentable la Caja. Y es así desde hace tiempo, no hay ninguna duda", aclaró. Luego agregó: "Nosotros no nos vamos a hacer cargo de algo que no hemos dicho. Hay que ver bien la declaración precisa".

Esa última referencia apuntaba a los dichos del gobernador Osvaldo Jaldo. Días atrás, al defender la creación de la Fiduciaria frente a quienes proponían usar la estructura de la Caja Popular para dar crédito al sector productivo, Jaldo había sostenido que a la entidad "no le sobran los fondos" y que "está pagando justo los sueldos". En esa misma intervención había agregado: "Bajo ningún punto de vista queremos comprometer a la Caja Popular, como en épocas anteriores, con créditos a particulares que luego terminan en juicio y terminan sacando fondos que son tan necesarios".

Abad también explicó por qué el proyecto excluye el control del Tribunal de Cuentas provincial sobre la nueva sociedad. Atribuyó esa decisión a un planteo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que aportará fondos al esquema. "La exigencia del CFI es que los fondos que ellos ponen no quieren que sean auditados por el Tribunal de Cuentas provincial. Ellos tienen sus normas de auditoría, tienen el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores. Con lo cual nos pareció razonable", añadió.

Sobre el alcance de la Fiduciaria, el ministro dijo que su objeto es acotado. "Estamos creando una SAU para manejar el fondo de garantía, nada más. O sea, no queda limitada la Caja Popular. De hecho, hoy todos los fondos fiduciarios que tenemos están siendo administrados por la Caja Popular y van a seguir siendo así, no los vamos a cambiar".

El legislador Hugo Ledesma lo interrumpió para leerle el artículo 4 del proyecto. Según ese artículo, la Fiduciaria "deberá ser considerada prioritariamente como agente fiduciario de toda clase de fideicomisos a celebrarse, inclusive fideicomisos financieros, respecto de los tres poderes del Estado Provincial, sociedades del estado provincial". Abad respondió que eso se podía revisar. "Podemos verlo a eso. No hay problema. Sí, sí, lo podemos ver para que quede más claro. Perfecto", enfatizó. Ledesma señaló que la modificación podía hacerse en el recinto.

Los antecedentes

Las palabras del ministro coinciden con la documentación que la intervención anterior dejó al Gobierno en enero. El 22 de enero, un día antes de terminar su cargo, el entonces interventor José César Díaz hizo certificar ante escribano un informe de flujo que registraba $20.650 millones entre caja e inversiones, con el 79% colocado en fondos comunes, letras del Tesoro nacional y bonos soberanos. Los estados contables del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025, adjuntos a esa acta, muestran que las actividades operativas generaron un flujo positivo de $2.438 millones y que los fondos de caja y bancos crecieron $1.290 millones en el año. La pérdida de $21.672 millones que informó el Tribunal de Cuentas en la Cuenta de Inversión 2025 se explica principalmente por el resultado financiero y por tenencia, que pasó de una ganancia de $27.360 millones a una pérdida de $759 millones con la baja de la inflación.

Los mismos estados contables muestran que la Caja ya tiene un rol en el negocio que el artículo 4 le asignaría a la Fiduciaria. En el último ejercicio cobró $85 millones en honorarios por la administración de fideicomisos, y la Cuenta de Inversión menciona, entre otros, el Fideicomiso del Fondo Rotatorio de la Cuenca Lechera Trancas. La Nota 22 del balance informa además que la propia Caja creó una Sociedad Anónima Unipersonal para canalizar las actividades alcanzadas por la regulación del Banco Central, en el marco de su adecuación a esa normativa.

Si la Fiduciaria se limita al fondo de garantía, como describió el ministro, la Caja conservaría su función de agente fiduciario del Estado provincial y el conflicto de competencias entre ambas entidades se reduciría. Si el texto queda como está, la nueva sociedad, sin control del Tribunal de Cuentas, tendría prioridad sobre todos los fideicomisos futuros de los tres poderes.

Según informó Acevedo, la ampliación presupuestaria y la prórroga vinculada a EDET se tratarán en la próxima sesión. El proyecto de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y del Fondo de Garantía continuará su recorrido y llegará al recinto en una sesión posterior.