“En Salud, el ajuste pasó a ser destrucción”: legisladores y funcionarios denunciaron el desmantelamiento del sistema sanitario nacional

El edificio del Congreso Nacional fue escenario de una jornada cargada de tensión política y testimonios alarmantes. Tres comisiones de la Cámara de Diputados -Familias, Niñez y Juventudes; Adicciones; y Adultos Mayores- se reunieron en forma conjunta para analizar lo que sus presidentes llaman el “ajuste en la Salud”. Lo que comenzó como una reunión técnica terminó siendo, para quienes se quedaron a escuchar, un catálogo de urgencias: vacunas que se agotaron a mitad de campaña, medicamentos que desaparecen de los centros de atención primaria, fondos que no llegan a las provincias, y programas que se achican hasta casi desaparecer.

“Los testimonios de hoy demuestran que en la no gestión del ministro Mario Lugones se pasó del ajuste a la destrucción”, dijo el diputado Pablo Yedlin al concluir el encuentro. El médico tucumano presidió la reunión junto a Victoria Tolosa Paz y Pablo Todero.

Antes de que comenzaran los testimonios, Yedlin lanzó una advertencia que pasó casi inadvertida entre el ruido político, pero que los especialistas en salud pública consideran preocupante. El programa Remediar -que durante años distribuyó noventa medicamentos esenciales en los 8.100 centros de atención primaria de todo el país- se reduciría en septiembre a apenas tres medicamentos.

Según se relató, los centros de salud de primer nivel son, en la práctica, la única puerta de entrada al sistema sanitario para millones de argentinos que no tienen obra social ni pueden costear una consulta privada. Si los medicamentos básicos dejan de llegar a esos centros, el impacto no se mide en estadísticas: se mide en personas que no pueden tratar una hipertensión, una diabetes o una infección.

El primer momento de tensión llegó antes de que los invitados pudieran hablar. La diputada Silvana Giudici, en representación del bloque La Libertad Avanza, tomó la palabra para desestimar las premisas del debate. No hay ajuste en salud, sostuvo; lo que existe es un proceso de ordenamiento del “descalabro heredado en 2023”. Dicho esto, los legisladores del oficialismo abandonaron la sala.

Se fueron sin escuchar a los ministros provinciales. Sin escuchar a los especialistas en vacunas. Sin escuchar a quienes trabajan en salud mental, en VIH, en PAMI. La imagen de las sillas vacías mientras los invitados exponían sus diagnósticos habló por sí sola y no pasó desapercibida para nadie en la sala.

El primero en exponer fue Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y sus números fueron contundentes. “La disminución de recursos tanto en medicamentos como en fondos y transferencias de Nación a mi provincia ha llegado al 62 por ciento”, afirmó. No fue el único dato grave que aportó: el programa de inmunizaciones, explicó, ya está en su nivel mínimo histórico de cobertura, y la campaña de vacunación contra la gripe se quedó sin dosis a apenas quince días de iniciada.

Tras Kreplak hablaron otros funcionarios provinciales. Mario Rubén Kohan, ministro de Salud de La Pampa, y la subsecretaria Romina Cuello, de La Rioja, sumaron sus propios testimonios a un cuadro que se fue volviendo cada vez más uniforme: menos recursos, más demanda, y una Nación que transfiere menos y tarda más.

La reunión no se limitó al sistema hospitalario general. Pablo Catalán, psicólogo del Hospital Nacional “Lic. Laura Bonaparte” y referente del Colectivo Argentino de Salud Mental, describió el deterioro de los servicios de atención psiquiátrica y psicológica en el sector público. Un área que, históricamente subfinanciada, acusa con especial dureza cualquier recorte presupuestario.

José María Di Bello, del Grupo Efecto Positivo, presentó lo que llamó la “debacle” del programa de VIH. Sin precisar cifras en la reunión, su mensaje fue claro: los avances logrados en acceso a tratamientos antirretrovirales y en prevención están en riesgo.

Desde el flanco de los adultos mayores, representantes de ATE PAMI de Rosario y Santa Fe Capital, junto a referentes de centros de jubilados, pensionados y proveedores de clínicas privadas, describieron una obra social para jubilados que también acusa el impacto del ajuste: demoras en autorizaciones, reducción de prestaciones y proveedores que amenazan con desafiliarse ante la falta de pago.

El infectólogo Eduardo López y Daniel Stetcher, especialista de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, completaron el panel con un análisis técnico del estado del calendario de vacunación, cuya cobertura -según señalaron- se encuentra comprometida.

Al cierre del encuentro, Yedlin resumió lo escuchado con una frase que sintetiza la postura opositora: el problema ya no es la magnitud del recorte, sino su naturaleza. Ajustar, en la lógica de la política pública, puede implicar priorizar, reorganizar, hacer más con menos. Destruir, en cambio, es otra cosa.