El Senado define el futuro de la Ley de Propiedad Privada: autonomía provincial y controles estatales en el centro del debate

El proyecto de ley de propiedad privada, impulsado por el Gobierno y diseñado bajo la órbita del ministro Federico Sturzenegger (foto inferior) se encamina a una sesión clave en el Senado con un escenario de votos ajustado y un texto que sufrió múltiples modificaciones. El entramado legal otorga un rol fundamental a las provincias, estableciendo explícitamente que cada jurisdicción conservará la soberanía plena sobre su territorio de acuerdo con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional. En este marco, el Estado nacional y las administraciones provinciales actuarán como reguladores conjuntos, especialmente en la adquisición de tierras por parte de entidades extranjeras, donde la autorización de ambas esferas resulta indispensable para convalidar las operaciones.

A pesar de la confianza del oficialismo en obtener el quórum, el futuro de la norma sigue siendo incierto debido a las dudas de legisladores dialoguistas, entre ellos los que responden a Tucumán, respecto al "silencio administrativo". Según el borrador actual, si el Estado nacional o provincial no se pronuncian ante una solicitud de adquisición de tierras por parte de empresas con participación estatal extranjera en un plazo determinado, dicha inacción se interpretará como una autorización de pleno derecho. Esta medida busca revertir la regla general de que el silencio administrativo equivale a una negativa, lo cual generó roces incluso dentro de los aliados del Gobierno.

De acuerdo con los documentos que circulan en la Cámara alta, la iniciativa se estructura sobre los siguientes puntos clave:

• Reforma de la Ley de Expropiaciones: Se propone modificar la Ley 21.499 para evitar abusos estatales, endureciendo las definiciones de “utilidad pública” y garantizando indemnizaciones actualizadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

• Agilización de Desalojos: El proyecto busca que los procesos por ocupación ilegal dejen de ser ordinarios y pasen a tramitarse mediante juicio sumarísimo. Con esto, se pretende reducir los plazos de resolución de años a tan solo meses.

• Ley de Tierras Rurales: Se eliminan restricciones para extranjeros privados con el fin de fomentar la inversión, aunque se mantienen prohibiciones estrictas para Estados extranjeros y sus empresas, salvo autorización expresa de la provincia afectada y el Poder Ejecutivo Nacional.

• Modificaciones a la Ley de Fuego: Se intenta derogar la reforma de 2020 que imponía restricciones de uso sobre campos agrícolas y bosques que hubieran sufrido incendios, bajo el argumento de que el régimen actual castiga al productor damnificado.

• Modernización del Registro Inmueble: Se impulsa la creación de una Ventanilla Única Federal y la digitalización total de los trámites, siempre bajo el respeto a las autonomías provinciales en materia registral.

Un trámite con "reboleo de borradores"

La negociación previa a la sesión de este jueves está siendo compleja, sumando al menos 13 borradores extra posteriores al dictamen de comisión. Este manejo provocó malestar en algunos sectores del Senado, donde se critica el desprecio por la labor técnica de los asesores ante las constantes modificaciones de último momento en el recinto. Mientras la Casa Rosada presiona por la sanción de esta ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", el oficialismo en la Congreso termina de contar sus apoyos para evitar un traspié legislativo en un tema que sectores de la oposición ya califican como "traición" por la flexibilización de la venta de tierras.