El celular fue clave: procesaron a Ontiveros por presunto tráfico de influencias en la justicia federal

Tres reuniones en bares de Tucumán y Yerba Buena, mensajes de WhatsApp que se desinstalaron antes de ser peritados, y un auto oficial de la Cámara Federal estacionado frente al bar donde se cerraría el trato. Ese es el hilo que el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán siguió hasta dictar este martes el procesamiento sin prisión preventiva de Luis Alejandro Ontiveros, a quien la justicia federal le atribuye presuntamente haber intentado vender, en dos oportunidades y por un total de 180.000 dólares, su influencia sobre un vocal de la Cámara Federal de Apelaciones para beneficiar la situación procesal del hijo de un empresario local.

La resolución, firmada este 2 de junio por el juez José Manuel Díaz Vélez, califica los hechos como tráfico de influencias agravado -por tratarse de un magistrado del Poder Judicial- en concurso real con violación de medios de prueba. Para ese último delito, según la resolución judicial, durante la requisa ordenada por el juzgado en junio de 2025, Ontiveros intentó pasarle el celular a su hermano antes de que los gendarmes terminaran de leer la orden. Cuando no pudo sostener la maniobra, identificó el teléfono entre los sobres; tres minutos después, las aplicaciones WhatsApp y Telegram aparecían desinstaladas en el registro forense del dispositivo.

La causa arrancó en abril de 2025 con la denuncia de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez ante la Fiscalía Federal N° 2. Según su relato, el primer contacto había ocurrido dos años antes: en marzo de 2023, Ontiveros lo habría citado en el bar Del Turista y le habría pedido 100.000 dólares a cambio de garantizarle el sobreseimiento de su hijo Jerónimo Martínez Parada, imputado en una causa federal radicada en Catamarca. Siempre según la investigación, la propuesta de Ontiveros tenía un fundamento concreto: su pareja trabajaba como relatora exclusiva del camarista Mario Rodolfo Leal, y sus dos hermanos se desempeñaban como secretarios privados del mismo magistrado.

Lo que el denunciante no podía saber en ese momento es que el mismo día de esa reunión, el 10 de marzo de 2023, el juzgado de Catamarca dictaba la falta de mérito para su hijo (lo hacía en horas de la tarde, cuando la firma digital ya registraba el horario exacto). El juzgado consideró que Ontiveros, con acceso cotidiano al despacho del camarista, pudo haber anticipado el sentido de la resolución y diseñar su ofrecimiento en función de la apelación que vendría.

Para corroborar el encuentro, la pericia forense sobre el teléfono de Ontiveros fue decisiva. En el dispositivo se recuperó una fotografía cuya metadata la ubicaba en las coordenadas de la cuadra del bar Del Turista, tomada ese mismo día al mediodía. El barrido de antenas de la División Antisecuestros Norte de la PFA confirmó que el abonado del imputado impactó en dos torres cercanas al lugar. La defensa arguyó que el celular del denunciante nunca registró señal en esa zona, pero el propio Ontiveros le habría pedido que apague el teléfono antes de entrar al bar.

El segundo intento habría sido en abril de 2025, esta vez urgido por los plazos del expediente. El legajo que debatía la prisión preventiva del hijo del denunciante había ingresado a la vocalía de Leal el 11 de abril; cuatro días después, Ontiveros lo citó cerca del bar Sole Mío de Yerba Buena y le ofreció revertir los votos de la Cámara -que en ese momento eran tres a dos en contra- por 80.000 dólares. La reunión habría sido en el interior de un Toyota Corolla Cross blanco que, según los registros de la Dirección Nacional del Automotor, Ontiveros tenía autorización para conducir y era de titularidad del propio Leal. El 21 de abril, según el expediente, una última reunión en el bar Nico cerraría la propuesta: el pago se haría en dos partes, la segunda quince minutos antes de que Ontiveros compartiera el texto de la resolución. Al día siguiente, el denunciante le escribió que habían hecho lo imposible pero que no disponían del dinero.

Ese mismo 29 de abril, el legajo egresó de la vocalía de Leal y Martínez Salazar Pérez radicó la denuncia. La coincidencia no pasó inadvertida en la resolución judicial.

Ontiveros negó los dos primeros encuentros y reconoció el del bar Nico, aunque lo atribuyó a una consulta profesional amparada en el secreto. En su declaración indagatoria -prestada el 15 de mayo pasado- sostuvo que la causa tiene un trasfondo político: su pareja, Solana Casella, está ternada para el Juzgado Federal Electoral N° 1 de Tucumán, y la denuncia habría sido instrumentada para desacreditarla. También cuestionó el error del denunciante en el dominio del vehículo -señaló un auto de una persona llamada Solana Cainzo, cuyo apellido considera sospechosamente similar al de Casella- y atribuyó la desinstalación de las aplicaciones a un problema en la cadena de custodia.

El juzgado desestimó todos esos argumentos. Señaló que la prueba no puede valorarse en forma atómica -cuestionando cada elemento por separado- sino sistémica: la convergencia de geolocalización, antenas, capturas de pantalla halladas en el propio celular del imputado, registros de cámaras, los vehículos y el contexto procesal del legajo N° 41 apuntan en la misma dirección con un grado de probabilidad que supera el estándar exigido para el procesamiento.

Además del procesamiento, el juzgado trabó un embargo de 100 millones de pesos sobre los bienes de Ontiveros e impuso como medidas de coerción la prohibición de salir del país y de comunicarse con el denunciante o con cualquier testigo de la causa.