Cuenta regresiva para el transporte: empresarios esperan por un salvataje de la Provincia

En medio de una crisis que escala día a día, el sistema de transporte público de Tucumán se encamina a una definición clave. Este viernes, en el Ministerio de Economía de la Provincia, probablemente se realice una reunión que podría marcar el rumbo inmediato del servicio: de su resultado dependerán decisiones sensibles sobre frecuencias, financiamiento e incluso la continuidad laboral de miles de trabajadores.

El encuentro llega en un contexto de máxima tensión. Por un lado, el Municipio capitalino ratificó que no habrá nuevos aportes económicos para sostener a las empresas si no se avanza en una reestructuración “eficiente” del sistema. Por otro, las prestatarias ya comenzaron a mover fichas: algunas redujeron frecuencias y otras analizan medidas más profundas, incluyendo recortes de personal.

La intendenta Rossana Chahla encabezó en las últimas horas una reunión con representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), que terminó sin declaraciones públicas y con evidentes gestos de malestar por parte del sector privado. La señal política fue contundente: el Ejecutivo municipal no está dispuesto a incrementar los subsidios sin קודם una revisión integral del esquema operativo.

“Aportes nuevos de esta municipalidad no va a haber. Somos muy responsables con nuestros recursos”, advirtió la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, quien además recordó que desde febrero las empresas no entregan información clave sobre costos, recorridos y propuestas de racionalización.

El trasfondo económico agrava el cuadro. El precio del gasoil, uno de los principales insumos del sistema, prácticamente se duplicó en pocas semanas: pasó de alrededor de $1.400 a valores cercanos a los $2.500 por litro. Ese salto impactó de lleno en la estructura de costos y tensionó aún más la relación entre el Estado y los empresarios.

Sin embargo, desde el Municipio insisten en que la crisis no puede traducirse en un deterioro del servicio, especialmente en horarios pico. La estrategia oficial apunta a una reorganización de recorridos que elimine superposiciones y reduzca kilómetros improductivos, con el objetivo de mejorar la eficiencia sin afectar a los usuarios.

En paralelo, los números encendieron alarmas: de los 377 coches declarados, actualmente circulan apenas unos 250. La reducción de unidades ya se siente en la calle y podría profundizarse en los próximos días si no aparecen soluciones concretas.

El frente sindical suma presión al conflicto. El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Tucumán, César González, advirtió que la situación pone en riesgo directo los puestos de trabajo de unos 3.100 empleados del sector. Además, denunció incumplimientos salariales: los choferes aún no cobraron la totalidad de los haberes de marzo y arrastran una deuda que ronda los $650.000 por trabajador.

“Cuando hay reestructuración, siempre pensamos que hay compañeros en la calle. Y eso no lo vamos a permitir”, alertó el dirigente, que ya anticipó posibles medidas de fuerza si se confirman despidos.

La ecuación se completa con otro factor determinante: la asistencia provincial. Las empresas esperan que la Provincia transfiera las compensaciones correspondientes a este mes para poder afrontar el pago de salarios. ¿Puede llegar un salvataje? Esa definición también estará sobre la mesa en la reunión de este viernes.