Buscan imponer narcotest obligatorios para funcionarios y concejales de Yerba Buena

El Concejo Deliberante de Yerba Buena volverá a convertirse este jueves en escenario de un debate político que promete generar tensiones entre oficialismo y oposición. A partir de las 9 está prevista una nueva sesión ordinaria en la que tomará estado parlamentario y será tratado un proyecto de ordenanza presentado por la concejal peronista Gabriela Garolera, que propone instaurar un régimen obligatorio de exámenes toxicológicos para los principales funcionarios del Municipio.

La iniciativa, denominada "Programa Municipal de Ejemplaridad, Transparencia y Aptitud Integral en la Función Pública", alcanza al intendente, los secretarios del Departamento Ejecutivo, los concejales, los jueces de Faltas y los directores y funcionarios de gabinete con jerarquía equivalente.

El proyecto establece que los controles deberán realizarse de manera obligatoria antes del ingreso al cargo, una vez por año y también mediante sorteos sorpresivos y aleatorios durante el ejercicio de la función pública.

En los fundamentos, Garolera (foto inferior) sostiene que el objetivo es garantizar que quienes ocupan cargos de responsabilidad ejerzan sus funciones con "plenas facultades, transparencia, idoneidad e integridad", al considerar que el consumo de sustancias psicoactivas puede afectar la capacidad para tomar decisiones y comprometer la independencia de los funcionarios.

"La lucha contra el narcotráfico debe ser una política de Estado que comience con la ejemplaridad de la dirigencia política. No se puede liderar el combate contra las drogas si existen vínculos de consumo o dependencia dentro de las estructuras gubernamentales", afirma la edil en uno de los argumentos centrales de la iniciativa.

La concejal también sostiene que existe una creciente demanda social para que los representantes públicos acrediten condiciones de aptitud física, psíquica y moral, y cita como antecedentes legislaciones vigentes en provincias como Salta, San Luis y Córdoba, además de la Ley Provincial N° 8.850 de Tucumán, que ya contempla controles similares para funcionarios del ámbito provincial.

Qué propone

El proyecto establece que los análisis deberán ser realizados por laboratorios certificados e independientes y tendrán carácter confidencial, conforme a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales.

Las muestras podrán ser de sangre y/o orina y buscarán detectar metabolitos de cocaína, marihuana, opioides, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas, barbitúricos, alucinógenos y drogas sintéticas, entre otras sustancias.

Asimismo, incorpora un protocolo técnico para la toma y conservación de las muestras, contempla una cadena de custodia para garantizar la transparencia del procedimiento y reconoce el derecho del funcionario a solicitar una contraprueba en otro laboratorio si el primer resultado fuera positivo.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto aparece en el capítulo referido a las consecuencias de un resultado positivo. Allí se establece que, para los funcionarios designados por el Ejecutivo, un análisis positivo confirmado o la negativa injustificada a realizarse el examen será causal de remoción inmediata del cargo.

En el caso de los cargos electivos, como la intendenta o los concejales, la iniciativa dispone que deberán activarse los mecanismos institucionales de juicio político, destitución o exclusión del cuerpo previstos en la normativa vigente por considerar afectada la idoneidad moral del funcionario.

Al mismo tiempo, el proyecto prevé que, cuando se detecten situaciones de consumo problemático o dependencia, el municipio brinde asistencia sanitaria, acompañamiento y tratamiento interdisciplinario, sin que ello exima de las responsabilidades administrativas derivadas de la pérdida de aptitud para ejercer el cargo.

La propuesta llega al recinto impulsada por uno de los bloques opositores al intendente radical Pablo Macchiarola y suma un nuevo capítulo a la agenda de iniciativas vinculadas a la transparencia en la función pública.

Si bien el proyecto plantea controles que alcanzarían tanto al Departamento Ejecutivo como al Concejo Deliberante, su tratamiento también pondrá a prueba la posición del oficialismo municipal frente a una iniciativa de alto impacto político y mediático, ya que implicaría someter a exámenes toxicológicos obligatorios a las máximas autoridades de la ciudad.

De aprobarse, Yerba Buena se convertiría en el primer municipio de la provincia y uno de los pocos de todo el país en contar con una ordenanza específica que instituya controles antidrogas periódicos y aleatorios para funcionarios políticos de los poderes Ejecutivo y Legislativo locales.