2026 será el “Año de la Memoria” en Tucumán: Un debate entre el horror del pasado y las tensiones del presente

El parlamento tucumano vivió una jornada de alta intensidad política al debatir y aprobar el proyecto que establece al 2026 como el “Año de la Memoria por los hechos de violación de los Derechos Humanos en Tucumán”, al cumplirse 50 años del golpe militar de 1976. El debate no solo se limitó a la reconstrucción histórica, sino que funcionó como un espejo de las tensiones actuales: mientras la mayoría de los bloques coincidieron en institucionalizar una agenda de investigación y cultura, se produjeron fuertes cruces en torno a la legitimidad del sistema democrático actual frente a los procesos dictatoriales del pasado. La discusión osciló entre la reivindicación de los 30.000 desaparecidos y los reclamos por las víctimas de grupos terroristas, en un clima donde se cuestionó el rol del periodismo y el lenguaje y las formas del gobierno de Javier Milei.

Como miembro informante, el legislador Gabriel Yedlin (PJ) detalló que el proyecto busca coordinar una agenda anual que propicie la “investigación histórica, los eventos artísticos, acciones y programas”, incluyendo hitos locales como el cierre de ingenios en 1966 y los talleres de Tafí Viejo en 1980. Yedlin vinculó el pasado con el presente, advirtiendo sobre un modelo económico nacional que, a su juicio, requiere de “represión” para sostenerse. “Hoy también estamos viviendo épocas de represión... represión distinta, pero que apunta básicamente a lo mismo, a disciplinar a la mayoría de los argentinos”, sostuvo, señalando que se busca que la oposición no pueda argumentar por ser “permanentemente agredidos, siendo perseguidos de distintas maneras”. Incluso relató que consultó a la Inteligencia Artificial sobre el trato de Milei hacia sus críticos, obteniendo términos como “casta, mentiroso, zurdo, econochanta, violento, siniestro, kuka, ensobrado, pautero”, concluyendo que “no podemos tolerar este tipo de cosas”.

Por su parte, Gerónimo Vargas Aignasse (hijo de un desaparecido, Guillermo Vargas Aignasse) enfatizó que la memoria es un “ejercicio de conciencia que permite que ese pasado se haga presente”. Diferenció los golpes anteriores de la “clandestinidad como método” que distinguió a la dictadura de 1976. Si bien reconoció que en los '70 hubo delitos de organizaciones civiles, como el caso del capitán Humberto Viola y su familia —atentados que calificó de “tristes” y que “nadie puede no conmoverse y repudiar”—, fue tajante al afirmar que esos hechos “de ninguna manera pueden servir de excusa o de compensación a lo que fue el terrorismo de estado”. Calificó a la teoría de los dos demonios como una “gran estafa” y criticó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por enfrascarse en un debate sobre el número de víctimas para “bajarle el precio al terrorismo”. “Hablar de números es simplemente ponerle una cifra al horror; fueron 30.000 y están presentes ahora y siempre”, sentenció.

La exigencia de una "memoria completa"

Desde una postura opuesta, Ricardo Bussi (hijo del fallecido Domingo Bussi, condenado por delitos de lesa humanidad) argumentó que gran parte de la sociedad omite el apoyo inicial que tuvo el golpe de Estado ante la “incapacidad de gobernar de Perón primero y luego Isabel” y el hartazgo por la violencia. Apoyado en recortes de diarios como La Prensa y La Opinión, afirmó que solo entre 1973 y 1975 hubo “7.000 atentados durante el gobierno democrático”. Amplió que entre 1969 y 1979 las bandas terroristas realizaron “21.650 atentados subversivos”, citando la sentencia del juicio a las juntas de 1985. Bussi incomodó a sus pares al recordar la participación civil en el proceso: “La UCR contaba con 310 intendentes en el país, secundados por el PJ con 190 intendentes”. Cuestionó qué se hace con los “500 muertos de las fuerzas del orden” previos al golpe, concluyendo que “seguir mirando la historia con un solo ojo nos va a llevar siempre a que cada 24 de marzo debatamos las mismas cosas”.

El legislador justicialista Carlos Gómez celebró el proyecto pero cargó contra la postura del Ejecutivo nacional: “Este gobierno nacional no solamente niega, sino que trata de ver otras verdades, busca otras verdades”, refiriéndose al video difundido el pasado 24 de marzo por la Casa Rosada. Gómez relató vivencias personales de terror en su pueblo natal y recordó cómo el Estado, que debía proteger, “nos llenó de terror”.

En respuesta a la alocución de Bussi, y sin mencionarlo directamente, José Cano (Radicalismo Federal) defendió a su partido aclarando que “no existe ni existió ningún documento ni ninguna resolución del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical avalando la dictadura”, y reivindicó la figura de Raúl Alfonsín. Asimismo, Cano marcó una distancia con Yedlin al sostener que “no hay ningún parámetro que se pueda argumentar equiparando la atrocidad de esa dictadura con un gobierno democrático” como el actual.

Finalmente, Roque Tobías Álvarez (presidente de la bancada del PJ) citó la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti para afirmar que “nunca se avanza sin memoria” y que esta debe ser “íntegra y luminosa”. Álvarez centró parte de su discurso en la responsabilidad civil, señalando que mientras la Iglesia y el Ejército pidieron disculpas, “el único sector que no pidió disculpa por esos 7 años fue la prensa”. Acusó a los medios de haber guardado silencio y mutismo mientras se producían secuestros y desapariciones: “Ellos no sabían de los apagones, no sabían de las desapariciones en la cuadra, nunca se enteraban de nada”. La nota final del debate fue el compromiso de que, pese a las visiones encontradas, el grito de “Nunca más” siga siendo el eje fundante de la democracia.