CONFLICTO DE TIERRAS EN LULES
Un hombre fue procesado en El Nogalito por correr alambrados y quedarse con más de dos hectáreas ajenas
La justicia tucumana formalizó la investigación contra un acusado de alterar los límites de una propiedad rural mediante maniobras de desmonte y remoción de vegetación con el objetivo de apoderarse de una franja de terreno de grandes dimensiones despojando a sus legítimos dueños
Un nuevo caso de ocupación ilegal de tierras llegó a los tribunales provinciales. Este lunes 4 de mayo, el Ministerio Fiscal imputó formalmente a un hombre por el delito de usurpación mediante alteración de límites en la localidad de El Nogalito, perteneciente al departamento Lules. La investigación del hecho está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, que encabeza el fiscal Fernando Blanno y que estuvo representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás.
La teoría del caso presentada por la fiscalía sitúa el origen del conflicto el 11 de marzo de 2024, en una propiedad rural de gran extensión ubicada en la zona conocida como La Bolsa. Según las pruebas recolectadas, el acusado ingresó al sector sur de dicho terreno y comenzó a realizar tareas de desmonte, limpieza y remoción de la vegetación natural. Estas modificaciones en el suelo sirvieron de paso previo para una intervención mucho más profunda sobre los límites de la propiedad.
La maniobra delictiva consistió en la eliminación de los mojones que marcaban la división exacta de los campos para luego instalar un nuevo alambrado de forma parcial. A través de esta acción fraudulenta, el imputado logró modificar los perímetros preexistentes del predio rural y se apoderó de manera ilegal de una superficie aproximada de 2,32 hectáreas (23.213 metros cuadrados), despojando por completo del control de esas tierras a sus verdaderos dueños.
Durante la audiencia pública, el magistrado interviniente validó los cargos presentados por la fiscalía y ordenó medidas de coerción de menor intensidad por el término de seis meses. Con estas restricciones judiciales se busca frenar cualquier nuevo tipo de trabajo o modificación material sobre el inmueble en disputa, garantizando la preservación del terreno mientras se completa la instrucción de la causa y se define la elevación a juicio oral.
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