"Tucumán tiene varios antecedentes de secuestros extorsivos, pero es la primera vez que se juzga a un funcionario electo", aseguró Camuña

El secuestro extorsivo no es, en Tucumán, un delito caracterísitico del pasado. Por el contrario, en los últimos cinco años, hubo casi una veintena de condenados por privar de la libertad a personas y exigir, para liberarlas, el pago de un botín. Muchos de ellos eran policías. Lo que hasta ahora no había ocurrido es que un delegado comunal en pleno ejercicio de sus funciones sea acusado y detenido acusado de integrar una banda de secuestradores.

Por eso, el juicio que comenzó contra Diego Víctor Figueroa es histórico. El año pasado, los demás miembros de la banda confesaron haber privado de la libertad a dos hermanastros y haber pedido un rescate de $7 millones para liberarlos. Fueron condenados a penas de entre cinco y diez años de prisión.

"Habíamos tenido juicios en los que funcionarios policiales fueron condenados por este delito, pero nunca un funcionario electo", analizó Pablo Camuña, el fiscal a cargo de la acusación, en diálogo con Tendencia de Noticias.

"Tucumán se caracteriza por tener una jurisprudencia bastante desarrollada en secuestros extorsivos, por desgracia. Ya tenemos varios antecedentes de juicios acá en el tribunal oral. Empezamos en 2021 con el primer caso y ya tuvimos por lo menos tres sentencias más y varios acuerdos abreviados antes", explicó.

El hecho ocurrió en 2022, en Los Luna, al sur de la provincia y, según la acusación, Figueroa fue quien exigió al padre de las víctimas, vía telefónica, el rescate, todo mientras era comisionado comunal. Por ese delito enfrenta una pena que, como mínimo, podría ser de diez años de prisión.

"Es un tipo de delito que se caracteriza por su violencia, por la disposición casi total de la víctima con respecto a su secuestrador, y que por eso está severamente penado en el Código Penal", subrayó Camuña.

Diego Víctor Figueroa, en sus tiempos como comisionado comunal

Camuña detalló que, en la primera jornada del proceso oral, Figueroa se abstuvo de declarar. Pero sí lo hicieron las víctimas: los hermanastros identificados como VHG y FLL (sus identidades se reservan para resguardar su integridad), que fueron privados de la libertad cuando iban a cobrar por una venta que hicieron y, de pronto, se encontraron llevados por la fuerza a un galpón, donde fueron encapuchados y golpeados.

También ratificó lo ocurrido el padre de ambos, quien recibió el pedido de rescate, indentificado como VGH padre, quien fue contactado primero desde el celular de su hijo secuestrado y luego desde otro con número oculto. Según la acusación, en esta segunda llamada fue Figueroa quien lo exorsionó para que pague a cambio de volver a ver con vida a sus hijos.

"Un secuestro consumado con participación de varias personas o con alguna otra característica agravada tiene una pena que empieza en los 10 años de prisión, con lo cual es algo inusualmente severo. Es un delito que tiene un tratamiento penal fuerte", finalizó Camuña.