Mientras los casos de tos convulsa se disparan, Tucumán duplica la vacunación de CABA en un sistema con graves falencias

Desde el año 2025 se vienen produciendo brotes de tos convulsa en varias provincias argentinas, con un fuerte impacto en menores de 14 años. El Boletín Epidemiológico Nacional Nº 299 alerta que en las primeras 9 semanas de 2026 los casos aumentaron un 147%, al pasar de 87 a 215. Solo el 50% de los casos corresponde a menores de 2 años, mientras que un 33% afecta a niños de entre 3 y 14 años, “lo que sugiere que los problemas de vacunación no son recientes”.

En este contexto, Tucumán se destaca con un porcentaje relativamente elevado de 81% de vacunación completa en menores de dos años contra la tos convulsa. Esta cifra lo ubica por encima del promedio nacional (68%) y más que duplica las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la jurisdicción más próspera del país. Sin embargo, el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advierte que estos datos puntuales no ocultan el rotundo fracaso estructural del sistema sanitario federal.

Según el Boletín, solo 4 provincias alcanzan una cobertura de vacunación completa (4 dosis) superior al 90%, 13 se ubican entre 70% y 90%, y 7 provincias registran coberturas inferiores al 70%. “Estos datos muestran que en la mayoría de las provincias prevalece una baja cobertura de vacunación en tos convulsa”, señala IDESA.

El informe enfatiza que “en 20 provincias donde viven más del 90% de los niños menores de 4 años el nivel de vacunación esté por debajo de la cobertura universal delata un rotundo fracaso de la política sanitaria”. Resulta especialmente llamativo que esto ocurra a pesar de que “tener al día el calendario de vacunación es un requisito para el cobro pleno de la AUH”.

IDESA critica con dureza el esquema institucional vigente: “Dentro de la distribución de responsabilidades previstas en el régimen federal, vacunar a la población es responsabilidad de las provincias. Esto es así porque en la Constitución Nacional no se delegó la promoción y prevención de la salud en el Estado nacional y todas las Constituciones provinciales contemplan expresamente estas funciones dentro de sus responsabilidades”. No obstante, la Ley Nº 27.491 de 2019 obligó al Ministerio de Salud nacional a comprar vacunas para distribuir entre las provincias, “sin desligar a las provincias de su responsabilidad de vacunar a la población. Así, hay dos responsables (Nación y provincias) para un mismo cometido (vacunar)”.

El instituto sostiene que “como ocurre en otras áreas del sector público, la superposición de funciones entre la Nación y las provincias son garantía de fracaso. Si un nivel de gobierno (Nación) tiene que comprar las jeringas y las vacunas y enviarlas para que otro nivel de gobierno (provincias o municipios) se encargue de la logística de aplicarlas es previsible que se produzcan malos resultados”.

Responsabilidades y burocracia

Además, “resulta muy sugerente que el fracaso se dé tanto entre las provincias más rezagadas del norte como en la más próspera (CABA). No es un problema de bajo nivel de desarrollo de la provincia sino de un esquema muy ineficiente de gestión y, lo más grave, de dilución de responsabilidades. El solapamiento hace muy difícil dilucidar si el responsable del fracaso es el gobierno nacional o los gobiernos provinciales y municipales”.

El informe también cuestiona la rusticidad del control de la Asignación Universal por Hijo (AUH): “La AUH se cobra 80% de manera automática y el 20% está condicionado a que la familia demuestre asistencia escolar, vacunación y controles médicos de los hijos. El control se instrumenta a través de la ‘Libreta de la Seguridad Social’, es decir, un formulario en papel que las familias tienen que hacer completar en las escuelas y los establecimientos sanitarios para luego presentarlo en la ANSES. Esto obliga a procesar millones de trámites todos los años. Se trata de un esquema burocrático y obsoleto que insume exagerados esfuerzos administrativos al Estado y a las familias con muy baja calidad de los datos, como lo demuestra la alta proporción de niños sin vacunar”.

Para IDESA, la solución pasa por clarificar roles en el federalismo: “En un régimen federal no hay que coordinar acciones para un mismo objetivo sino coordinar objetivos para cada nivel de gobierno. Las provincias deben ser las únicas responsables de comprar y vacunar y la Nación de medir los resultados. Superponer roles, como la Ley 27.491 de vacunas, sirve para la demagogia y para fomentar la dilapidación de fondos públicos, pero no para resolver las necesidades de la gente”.