Más del 28% de los alumnos con discapacidad no cuentan con ningún tipo de apoyo a la inclusión en el sistema educativo tucumano

La situación de la educación especial en Tucumán atraviesa un momento de definiciones críticas tras la difusión del informe de la “Situación Diagnóstica de Inclusión Escolar” elaborado por el Ministerio de Educación provincial. El documento consigna que, de un universo de 9.502 alumnos con discapacidad incluidos en la escuela común, el 28,18% (2.678 niños y adolescentes) no recibe ningún tipo de apoyo a la inclusión. Este déficit es especialmente agudo en el nivel primario, donde el porcentaje de desprotección alcanza el 38,49%, evidenciando una brecha sustancial en el acceso efectivo al derecho a la educación.

Los datos se conocen mientras la Legislatura analiza el proyecto enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra Susana Montaldo, una iniciativa que busca reformar el sistema bajo un "Modelo Social de la Discapacidad" pero que ya generó reparos por parte de especialistas y familias que denuncian falta de consenso previo y una infraestructura escolar deficiente para sostener tales cambios.

"La información disponible muestra que los niveles primario y secundario concentran el mayor número absoluto de estudiantes en situación de discapacidad incluidos en escuelas de educación obligatoria. Esta tendencia podría estar vinculada, en parte, a la frecuencia de diagnósticos que se realizan de manera tardía, es decir, una vez que los niños y niñas ya han ingresado al sistema educativo. En muchos casos, ciertas condiciones de discapacidad se identifican recién durante la trayectoria escolar, especialmente en el nivel primario, cuando se intensifican las demandas académicas y sociales", postula el documento.

El diagnóstico señalado en el documento, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, identifica un total de 1.005 establecimientos con matrícula en inclusión escolar, de los cuales 199 instituciones presentan una concentración elevada de más de 15 estudiantes con discapacidad. De este grupo, se destacan 35 escuelas estatales calificadas como “inclusivas prioritarias”, con poblaciones de entre 30 y 90 alumnos integrados, las cuales, según el informe, “requieren mayor acompañamiento ya que representan escenarios donde la política de inclusión debe ser sostenida y profundizada”.

En cuanto a la gestión, el sector estatal concentra el 71% de la matrícula total de inclusión, sosteniendo la mayor parte del volumen del sistema. Sin embargo, la proporción relativa de escuelas que registran inclusión es mayor en el ámbito privado (54%) que en el estatal (45%). El Poder Ejecutivo busca abordar estas asimetrías mediante un proyecto que propone integrar a los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) a la planta permanente de las escuelas para asegurar estabilidad laboral bajo el Estatuto del Docente. Esta medida fue celebrada por la Agremiación de Trabajadores de Educadores Provinciales (ATEP), cuyo secretario general, Hugo Brito, afirmó que la permanencia de especialistas “enriquece la tarea docente y mejora el seguimiento de los estudiantes”.

"Resulta un desafío que el número de estudiantes sin apoyo sea similar al de quienes lo reciben, lo que indica una deuda en la provisión de apoyos desde el inicio de la escolaridad", se reconoce oficialmente.

El informe detalla que la discapacidad intelectual es la condición más frecuente en el sistema, especialmente en la primaria, lo que sugiere que es la “más reconocida y diagnosticada en edad escolar”. Por su parte, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) muestra una fuerte presencia en los niveles inicial y primario debido a los avances en detección precoz. No obstante, el documento alerta sobre una “notoria disminución en el nivel secundario”, lo que pone de manifiesto las dificultades en la continuidad de las trayectorias educativas de estos alumnos. Según la síntesis del informe, “la disminución de la inclusión en la matrícula en el nivel secundario reafirma la necesidad de fortalecer las políticas de inclusión en esa etapa, para garantizar trayectorias completas”.

Frente a esta realidad, el proyecto oficial propone limitar la figura del “maestro sombra”, argumentando que “este tipo de intervenciones comporta el riesgo de generar prácticas más segregadoras que inclusivas” al crear barreras para el aprendizaje autónomo. No obstante, el Colegio de Psicólogos de Tucumán advirtió que la medida podría generar “posibles retrocesos en dispositivos y derechos ya adquiridos”, denunciando que sin equipos interdisciplinarios externos que sostengan el proceso, la inclusión corre el riesgo de quedar reducida a un enunciado sin impacto efectivo. En la misma sintonía, organizaciones como Down Is Up y la Fundación Corazón de Madre solicitaron aclarar el articulado para evitar que el retiro de apoyos individuales desproteja a los niños más vulnerables.

Lineamientos y propuestas de articulación para el sistema

Para revertir las deficiencias diagnosticadas, el documento del Ministerio propone seis ejes centrales de acción:

• Fortalecimiento de recursos humanos: Ampliar la cantidad de docentes de apoyo y agilizar los concursos de antecedentes para cubrir vacantes en escuelas prioritarias.

• Dispositivos institucionales: Generar espacios de articulación entre equipos directivos, docentes y equipos técnicos de la modalidad especial.

• Formación docente situada: Implementar capacitación continua en Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), priorizando a los establecimientos con mayor matrícula inclusiva.

• Infraestructura y recursos: Dotar a las escuelas de materiales accesibles como “letra aumentada, apoyos visuales, videos en Lengua de Señas o código braille”.

• Planificación territorial: Crear un sistema de monitoreo basado en evidencia para distribuir los apoyos de manera equitativa en toda la provincia.

"Si bien se destaca el crecimiento sostenido de la inclusión escolar en Tucumán, también se reconoce la persistencia de estudiantes sin ningún tipo de apoyo específico, lo que nos señala la necesidad de ampliar los recursos humanos, pedagógicos y técnicos para alcanzar una inclusión plena y efectiva. El

fortalecimiento de redes institucionales, el acompañamiento territorial diferenciado y la formación continua de los equipos docentes son claves para seguir profundizando esta política pública con enfoque de derechos", aduce el informe.

Este ambicioso plan de articulación técnica choca, sin embargo, con las reservas de la oposición legislativa. El legislador José Cano planteó dudas sobre el financiamiento y el estado de los edificios escolares, advirtiendo que “no se puede avanzar con una reforma sin explicar con seriedad qué va a pasar con los apoyos actuales” y señalando que, tal como está redactado el proyecto del Ejecutivo, podría derivar en “exclusión en lugar de inclusión”. Mientras el proceso legislativo continúa, el informe ministerial deja en claro que el paradigma actual debe desplazar el foco desde las limitaciones individuales hacia las “barreras sociales, culturales y pedagógicas que obstaculizan el aprendizaje”, una meta que aún parece lejana para casi 3.000 alumnos tucumanos que hoy asisten a clases sin respaldo alguno.