"La recurrencia de eventos extremos no admite más respuestas improvisadas": el proyecto para crear un Sistema Provincial de Centros de Evacuación

Ante la recurrente falta de previsión estatal frente a los desastres naturales, los legisladores Silvia Elías de Pérez y José Cano (foto inferior) presentaron un proyecto de ley para establecer el Sistema Provincial de Centros de Evacuación ante Catástrofes Climáticas (CEva). La iniciativa tiene como objetivo central "identificar, habilitar, equipar y difundir, en todo el territorio de la Provincia de Tucumán, los sitios seguros destinados a albergar transitoriamente a la población afectada" por fenómenos como inundaciones, tornados o sequías extremas. El planteo surge como una respuesta crítica a la gestión actual, advirtiendo que la falta de una planificación territorial sistemática "convierte cada emergencia en una respuesta improvisada, incrementando el riesgo de pérdidas humanas y materiales". Los autores resaltan que, ante la ausencia de espacios adecuados, los tucumanos suelen quedar desprotegidos, lo que hace "éticamente necesaria" una herramienta que garantice la dignidad de la población cuando el clima impone su peor cara.

Los fundamentos del proyecto exponen con dureza las falencias del sistema de asistencia actual, tomando como ejemplo las inundaciones de marzo pasado, donde lluvias extraordinarias provocaron el desplazamiento de más de 15.000 personas en el sur provincial. Según el documento, en aquella oportunidad “se evidenció con claridad una falencia estructural: ante la falta de espacio en los centros de evacuación disponibles, cientos de personas se vieron obligadas a pernoctar en carpas improvisadas a la vera de la Ruta Nacional 157”. Para los legisladores, esta situación no es excepcional, ya que la cuenca del río Gastona y el piedemonte andino son territorios de alta recurrencia de eventos extremos que el Estado no logra contener con antelación.

La propuesta sostiene que la capacidad de anticipación de los sistemas de alerta temprana “solo adquiere valor operativo si existe una red de centros de evacuación previamente identificada, habilitada y conocida por la población”. En este sentido, la norma busca superar la “lógica reactiva de la respuesta improvisada” mediante un sistema planificado y equipado.

El CEva propone un relevamiento integral de inmuebles públicos y privados para ser categorizados en tres niveles de complejidad. Los Centros de primer nivel funcionarían como refugio inmediato para al menos 50 personas; los de segundo nivel contarían con capacidad para 200 personas y dotación de camas y cocina; y los de tercer nivel operarían como centros de operaciones de gran escala para más de 500 personas, incluyendo "espacio para coordinación operativa, hospital de campaña o puesto sanitario avanzado, y posibilidad de aterrizaje de aeronaves".

Para ser habilitado, cada inmueble deberá cumplir con requisitos estrictos, tales como condiciones estructurales certificadas, servicios sanitarios proporcionales a la capacidad, acceso a agua potable y "ausencia de riesgo de inundación en la ubicación del inmueble, verificada mediante mapa de riesgo actualizado". Asimismo, la autoridad de aplicación, que sería el Ministerio de Seguridad a través de Defensa Civil, deberá garantizar un equipamiento mínimo permanente que incluya colchonetas, kits de higiene y una “reserva de agua potable para al menos 72 horas de funcionamiento”.

Difusión, tecnología y financiamiento

Un punto clave de la ley es la comunicación masiva para que los ciudadanos conozcan los sitios de refugio antes de que ocurra el desastre. Para ello, se prevé la creación de un mapa de riesgo provincial que identifique las zonas de mayor vulnerabilidad y la inclusión de los centros en plataformas de cartografía digital. El proyecto estipula que “la población no puede conocer la ubicación de los centros de evacuación sólo cuando el agua ya está subiendo”, por lo que se proponen campañas preventivas anuales antes de la temporada de lluvias.

Finalmente, el financiamiento del sistema se realizará con cargo a partidas del Presupuesto General de la Provincia, recursos del Fondo de Contingencias y transferencias del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). La iniciativa concluye que el CEva es una herramienta “financieramente posible” que articula con marcos normativos nacionales e internacionales para que Tucumán adopte medidas estructurales de adaptación al cambio climático.