La Provincia impulsa cambios claves en el Estatuto Docente para destrabar los ascensos y fortalecer la supervisión escolar

El Poder Ejecutivo de Tucumán, a través de un proyecto de ley firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra de Educación, Susana Montaldo, propuso una serie de modificaciones sustanciales al Estatuto Docente Provincial (Ley N° 3470). La normativa apunta específicamente a los artículos que regulan los ascensos de categoría y jerarquía, buscando eliminar trabas administrativas que hoy dificultan la cobertura de cargos jerárquicos. El corazón de la reforma radica en simplificar las exigencias para los docentes que aspiran a ascender y, fundamentalmente, en adaptar los requisitos para los supervisores, quienes enfrentan barreras de antigüedad y titularidad que quedaron desfasadas tras años de estancamiento en el sistema de concursos.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la derogación del inciso 2 de los artículos 37 y 38, el cual exigía a los docentes haber obtenido un concepto profesional no inferior a "muy bueno" o "bueno" en los últimos tres años para participar de concursos. Según los fundamentos del texto elevado a la Legislatura, “el concepto profesional del docente también es objeto de análisis en los concursos, en virtud de la evaluación que debe realizarse de los antecedentes del docente, así como de sus conocimientos en el concurso de oposición”. Por este motivo, el Ejecutivo sostiene que “siendo sobreabundante la exigencia de un concepto profesional, corresponde —y así se propone— derogar el inciso 2 de ambos artículos (37 y 38)”.

El proyecto pone especial énfasis en la crítica situación de la supervisión docente, un rol que el Gobierno considera “esencial al servicio educativo, en cuanto son las autoridades que supervisan, controlan, dirigen y asesoran a los Directores de cada escuela”. La propuesta para modificar el artículo 43 establece que para el primer llamado a supervisor se mantendrán los 15 años de antigüedad y 3 años de titularidad en el cargo inferior, pero introduce cambios vitales para el segundo llamado y situaciones de excepción. La nueva redacción propone que, para un segundo llamado, se requiera una “antigüedad mínima de doce (12) años en el Nivel o Modalidad de educación respectiva, de los cuales tres (3) deberán ser en el cargo inmediato inferior, en cualquier carácter”.

Esta flexibilización responde a una realidad estructural del sistema educativo tucumano: la falta de directores con carácter de "titular". El proyecto señala con contundencia que “en nuestra Provincia, hasta la presente gestión de gobierno, no se realizaron concursos de antecedentes y oposición para acceder al cargo de Director de Escuela durante más de una década”. Esta inacción histórica provocó que hoy el número de directores titulares sea escaso, tornando “dificultosa la cobertura de los cargos de Supervisor Docente”. Al retomar los concursos a partir del año 2024, la gestión de Jaldo busca normalizar el sistema, pero reconoce que mientras tanto debe habilitarse a directores que, aunque tengan la experiencia, revistan con carácter interino.

Finalmente, el proyecto faculta al Ministerio de Educación para que, de manera excepcional y ante la falta de postulantes que reúnan todos los requisitos, pueda “proceder a cubrir interinamente el cargo de Supervisor Docente, con aspirantes que revistan con carácter interino en el cargo inmediato inferior”. El objetivo de la norma es asegurar que quien acceda a la supervisión posea la experiencia necesaria en la gestión educativa y administrativa, garantizando que “quien se desempeñará como Supervisor Docente, tiene que tener pleno conocimiento de las tareas que desempeñan quienes serán sus supervisados”. Con este proyecto, el Gobierno tucumano busca dejar atrás años de parálisis institucional y profesionalizar las estructuras de mando de las escuelas provinciales.